El plan para Ence enfrenta a Pontevedra y Medio Ambiente
"Que cierre él la empresa", dice el conselleiro al alcalde Lores
El permiso que la consellería concedió a las empresas, situadas en la ría de Pontevedra, permitirá al complejo industrial permanecer en Lourizán hasta 2011. La autorización, que se enmarca en un acuerdo voluntario entre las administraciones y las empresas electroquímicas del Estado, busca la reducción general de las emisiones y su impacto en el medioambiente.
El alcalde de Pontevedra explicó que, de este modo, "se consolida" la presencia de la actividad industrial en la ría de Pontevedra. La noticia, avanzada el pasado fin de semana por el conselleiro es, dijo Lores, · una confirmación de nuestras sospechas" y supone "una violación flagrante de los acuerdos adquiridos" con el gobierno local. Vázquez, que ayer presentaba en Santiago un laboratorio móvil para analizar las aguas de las rías, apuntó que la consellería concedió "una ampliación de ocho años a todas las empresas que la solicitaron, menos a Ence para que pusiera en marcha su desmantelamiento".
El alcalde de Pontevedra criticó que no se hubiera dado "ningún paso firme para el traslado de la empresa" hasta el momento. Una queja que el conselleiro respondió de manera tajante: "Ni yo mismo ni la Xunta aseguramos a los ciudadanos pontevedreses que Ence se marchaba mañana de la ría". Mañana no, pero Vázquez insistió en que, a pesar de que Ence tiene "un horizonte máximo de tres años" para abandonar la ría y "cumple todos los parámetros medioambientales", el Gobierno se compromete a que el complejo industrial se marche antes de 2018.
"Seguiremos luchando por el traslado porque queremos recuperar la ría", sentenció el alcalde de Pontevedra. Para ello, dijo, echarán mano de "todos los recursos posibles", incluso de la presentación de un contencioso contra la Xunta si así lo aconsejaran los servicios jurídicos municipales. "No nos vamos a quedar quietos", espetó. Manuel Vázquez calificó la posición de Lores de "demagógica". Aunque dijo respetar su análisis, advirtió que no tiene "ningún rigor administrativo ni científico".