El PSdeG pidió responsabilidades a Feijóo en 2003 por el plan general de Ourense
La responsabilidad de la Consellería de Política Territorial del anterior Gobierno del PP en la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense ya fue denunciada por el Partido dos Socialistas de Galicia en el Parlamento en mayo de 2003. A través de una interpelación (que no llegó a ser tramitada en ningún pleno), el PSdeG pidió entonces explicaciones al conselleiro Alberto Núñez Feijóo acerca de las "múltiples irregularidades" que se estaban poniendo de manifiesto en relación con el plan de urbanismo, que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza anuló el pasado jueves.
En aquella iniciativa los socialistas recordaban las contradicciones entre los informes emitidos por el secretario municipal en marzo de 2002 y en abril de 2003. En el primero, publicado un año antes de la aprobación del plan por parte de la consellería y siete meses antes de que el Parlamento completase la tramitación de la ley de Ordenación Urbanística, el secretario del Ayuntamiento manifestaba que el planeamiento sometido a revisión creaba "inseguridad, desmoronamiento del sector inmobiliario e intensificación de la edificabilidad en perjuicio del interés público".
Los efectos negativos, según este informe, se extendían a los "incrementos en la circulación rodada", "la congestión de las redes, los impactos en el paisaje urbano" y "los costes sociales y económicos derivados del deterioro del medioambiente urbano y la calidad de vida de la ciudad", así como "excesos de altura que harían ineficaz el servicio contraincendios".
Sin embargo, apenas unos días antes del pleno que aprobó el Plan General, el mismo secretario emitió un segundo informe (en cumplimiento de la ley de Ordenación urbanística aprobada unos meses antes), esta vez favorable al documento, a pesar de que en el texto reconocía que las mejoras introducidas no podían considerarse "sustanciales".
"Urbanismo a la carta"
La contradicción entre ambos informes preceptivos y no vinculantes es claramente manifiesta", argumentaban entonces los socialistas, que ya entonces denunciaban lo que a la postre ha sido el elemento determinante para anular la vigencia de todo el documento: la falta de coincidencia entre los planos expuestos durante el período de exposición pública y los que fueron finalmente aprobados por el Ayuntamiento. "Estamos ante una nueva metodología denominada urbanismo a la carta", afirmaba la interpelación socialista.
Ante las "dudas y las inseguridades jurídicas" generadas por el Plan General de Ourense, el PSdeG pedía a Núñez Feijóo que explicase en el Parlamento qué actuaciones llevó a cabo la Consellería de Política Territorial en relación con la "fiscalización y el control de la documentación" presentada por el Ayuntamiento.
