Begues quiere que las casas unifamiliares tengan depósito de agua
La sequía que acecha a Cataluña origina que los ayuntamientos busquen fórmulas para ahorrar agua corriente y evitar en un futuro restricciones para el consumo humano. El consistorio de Begues (Baix Llobregat) proyecta una ordenanza en la que se obligará a las casas unifamiliares aisladas a disponer de depósito propio para almacenar agua.
Esta medida afectará, si se aprueba, a las viviendas de nueva construcción, por lo que las casas ya habitadas no tendrán que disponer de depósito.
El consistorio de Begues, gobernado en coalición por ICV, CiU y ERC, se ha aplicado para lograr el ahorro de agua también en las sociedades que gestiona. El Ayuntamiento ha anunciado que está habilitando pozos de propiedad municipal para abastecer a las empresas locales de jardinería, que con el estado actual de sequía tienen prohibido el riego con agua apta para consumo. Con esta medida el consistorio prevé ahorrar más de la mitad de su gasto en agua corriente.
Según el municipio, tanto las industrias de Begues como sus habitantes han colaborado para disminuir su consumo.
Representantes de CiU
Por otra parte, los diputados Ramon Espadaler y Francesc Sancho serán los representantes de Convergència i Unió en la Mesa de la Sequía. CiU sostiene que Espadaler presentará una batería de preguntas al consejero Francesc Baltasar para saber si habrá compra o no a los regantes del Ebro o si el minitrasvase se pagará definitivamente a cuenta de la cláusula adicional tercera del Estatuto.
Ramon Espadaler ha recordado que CiU asistirá a la Mesa de la Sequía "por responsabilidad institucional, aunque no esperamos nada porque ni tiene capacidad de decidir ni queda ninguna medida importante por adoptar ya que las ha tomado el Gobierno de Madrid".
Espadaler opina que sería más lógico crear una Mesa del Agua que de la Sequía, en la que todos los implicados se pusieran "de acuerdo en una política para el país, con medidas estructurales y de largo alcance".
Por último, Espadaler celebra que se haya invitado a los representantes territoriales, como CiU había defendido, por ser "un asunto delicado en el que es necesario buscar el máximo consenso".
