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El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y la conselleira de Política Territorial, María José Caride, decidieron ayer poner en marcha la redacción de un nuevo plan general, destinado a sustituir al impulsado por el gobierno local del PP en 2003, que acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, se refirió ayer a las movilizaciones que el pasado martes convocó el sindicato Unións Agrarias ante la factoría de Leite Río, en Lugo, a causa de la amenaza de la empresa, finalmente cumplida, de paralizar la recogida de leche en algunas cooperativas.
Recurrir la sentencia y renovar el plan general. Esta es la receta negociada ayer por la conselleira de Política Territorial, María José Caride, y el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, 24 horas después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en 2003 por el gobierno local del Partido Popular.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, manifestó ayer su "respeto al derecho a la manifestación, siempre que transcurra dentro de los cauces de la normalidad". Quintana se refería a las protestas que el sindicato Unións Agrarias (UU AA) protagonizó en solitario el pasado martes frente a la sede de Leite Río, en Lugo, a causa de la amenaza de la empresa, finalmente cumplida, de paralizar la recogida de leche en algunas cooperativas.
El director general de la Unesco, el japonés Koichiro Matsuura, animó ayer a Galicia a presentar candidaturas al patrimonio inmaterial de la humanidad, un reconocimiento semejante al que se otorga desde hace años a monumentos y lugares de todo el mundo.
"Esto no es un ayuntamiento, es Alcatraz", exclamaba la esposa de uno de los huelguistas cuando abandonaba, indignada, la Casa Consistorial de Moaña a las dos y media de la tarde, en el momento en que los agentes de la Policía Local cierran las puertas.
Alrededor de 3.000 personas se manifestaron ayer en Pontevedra, convocados por la Asociación pola Defensa da Ría, para exigir el traslado del complejo industrial antes de 2018, fecha en que vence la concesión de la planta de celulosa que contamina la ciudad.
Dos perros labradores sirven de terapia en la cárcel de Monterroso
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