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jueves, 24 de abril de 2008

Diez años después, nadie ha pagado por el vertido de Aznalcóllar

Boliden ha evitado abonar 90 millones prolongando el pulso en los tribunales

La rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), en 1998, no sólo significó el vertido de toneladas de lodos tóxicos y metales en las inmediaciones mismas de Doñana, sino que también supuso el inicio de una riada de conflictos legales, aún en marcha, entre la compañía sueca Boliden -dueña de la mina-, la Junta de Andalucía y las empresas españolas implicadas en el mantenimiento de la balsa accidentada. Ha sido una década de sinsabores para la Junta en los tribunales.

El Supremo está pendiente de resolver quién es competente

Las vías abiertas en los juzgados han ido pasando de la vía penal -que no encontró delito- a las civiles y administrativas, que se han declarado no competentes. Y mientras, Boliden ha conseguido escabullirse del pago de los 90 millones de euros exigidos por la Junta como compensación por los costes de la limpieza de los lodos tóxicos.

Tras años de mareos legales, la Junta ha terminado acudiendo al Tribunal Supremo para intentar reabrir la vía administrativa. Actualmente, la Sala de Conflictos del TS está pendiente de resolver qué jurisdicción -civil o administrativa- es la competente para encargarse definitivamente del caso.

El periplo en los tribunales tuvo un primer hito importante en 2001, cuando un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y, posteriormente, otro de la Audiencia provincial, archivaron el proceso penal en el que estaban imputadas 21 personas, entre técnicos de Boliden y de las empresas constructoras, así como funcionarios de la Junta y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). De esta manera se cerraba, parece que definitivamente, la vía penal.

El siguiente paso fue llevar el caso a la vía civil, pero allí, el juez de la sala de Primera Instancia número 12 de Sevilla se inhibió y resolvió que debía instruirse un procedimiento administrativo. Este procedimiento se completó por parte de la Consejería de Medio Ambiente, concluyendo, en una resolución, que Boliden debía pagar 90 millones de euros por los gastos derivados de la tragedia ecológica.

La compañía sueca acudió entonces a la Audiencia de Sevilla y presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta. Pero allí, de nuevo la sala estableció que no era competente para llevar el litigio. En diciembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el procedimiento administrativo de la Junta en el que reclamaba los 90 millones. El TSJA apuntó, además que la vía contencioso administrativa no era la adecuada y había que volver a la civil. La única salida que le queda a la Junta es elevar el problema a la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo para que resuelva quién es competente.

Boliden también ha conocido reveses judiciales. En noviembre de 2006, el Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid archivó la demanda civil que, por importe de 248 millones de euros, presentó la multinacional sueca contra ACS, Intecsa, Geocisa y otras empresas españolas que realizaron trabajos y controlaron la seguridad de la balsa. Esta sentencia está recurrida ante la Audiencia de Madrid, que aún no ha fijado fecha para la vista, han informado a Efe fuentes de Boliden. Curiosamente, la decisión de archivar se fundamentó en el mismo peritaje que usó cinco años antes el juzgado de Sanlúcar la Mayor para archivar el caso por la vía penal.

Sigue también abierta la suspensión de pagos de la filial española de Boliden, que supuso una orden de embargo de 141 millones de euros. Boliden recurrió.

La esperanza del Guadiamar

Nadie diría que una verdadera riada de porquería cubrió una vez el cauce del río Guadiamar. Han pasado diez años desde que la rotura de una presa de la compañía minera sueca Boliden en Aznalcóllar (Sevilla), que contenía lodazales tóxicos, provocara una de las mayores catástrofes ecológicas en España. Seis hectómetros cúbicos de fango contaminante del embalse arruinaron el medio ambiente de la zona y afectaron a más de 4.600 hectáreas de terreno. La ecología sufrió enormemente, especialmente la del Guadiamar, que corre 62 kilómetros de norte a sur, desde la provincia sevillana, hasta la onubense, adentrándose en las marismas del Guadalquivir, en Doñana.

Han pasado 10 años desde la desgracia y a no ser por algunas marcas en árboles y puentes, nadie diría a simple vista que el lodo alcanzó varios metros de altura, matando prácticamente todo lo que encontraba a su paso.

El Corredor Verde del Guadiamar (2.706 hectáreas), instituido en abril de 2003 y declarado espacio protegido, ha sido la principal apuesta de la Junta para regenerar la zona, junto al plan Doñana 2005 del Ministerio de Medio Ambiente, centrado en la restauración hídrica de los cauces inferiores de las marismas del Guadalquivir.

Los técnicos destacan la recolonización de peces o las aves, indicadores de una mejora notable de la salud ambiental de este singular entorno.

La directora general de la Red de Espacios Naturales y Protegidos de la Junta de Andalucía, Rosario Pinto, afirmó ayer que la zona está mejor que antes del desastre.

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