Ante dos sequías

El primer Consejo de Ministros de la novena legislatura ha intentado responder a dos problemas de primera magnitud: la desaceleración de la economía, cada vez más rápida e intensa, y el endemoniado problema del suministro de agua a Barcelona, enturbiado por una agitación de vía estrecha que pretende equiparar el abastecimiento de agua potable a una ciudad con la reclamación política de un gran trasvase para Valencia y Murcia. Respecto a las medidas económicas aprobadas ayer, mal pueden definirse como un plan de choque, porque la economía española no está en estado de colapso ni de recesión. Son actuaciones correctoras orientadas a mitigar los efectos de una sequía financiera, causada por fallos graves en los mercados financieros de EE UU. No es posible, dado el actual desorden financiero, confiar en la regeneración automática de los flujos de crédito e inversión.

Desde esta perspectiva, resulta aventurado calificar las medidas como insuficientes o tibias; no pretenden constituirse en tratamiento de choque con efectos milagrosos. Casi todas parecen bien orientadas: se pretende aliviar la deuda familiar ampliando gratuitamente el plazo de pago de la hipoteca; se elimina el impuesto sobre el patrimonio, una medida de gran importancia que prefigura una nueva estructura fiscal; se intenta facilitar la financiación de las empresas aumentando los avales del Tesoro para las pequeñas y medianas empresas y para la construcción de viviendas protegidas; se adelanta la devolución del IVA con un efecto inducido próximo a los 6.000 millones en 2009; y se persigue aliviar las consecuencias del crecimiento del paro mediante un plan masivo de recolocaciones. Quizá la única excepción sea la deducción de 400 euros en el IRPF. Debería haberse seleccionado más a los destinatarios del incentivo, lo cual hubiera permitido aumentarlo.

El Gobierno ha hecho casi todo lo que podía hacerse sin intervenir directamente sobre los mercados. Pero las medidas del plan, incluidas las mejoras fiscales para la rehabilitación de viviendas, y la promesa de que se acelerará la licitación de obra pública, sólo serán efectivas si se aplican con presteza y rigor. Las devoluciones fiscales no pueden demorarse por problemas administrativos. Los avales piden a gritos que el Gobierno induzca confianza a los inversores para que éstos hagan uso del dinero. Bancos y cajas tienen que colaborar en la ampliación de las hipotecas. Y los ministerios y las autonomías tienen que forzar la maquinaria administrativa para que los proyectos no se pierdan en trámites inacabables.

Si, además, Hacienda mantiene la costumbre de deflactar la tarifa, este conglomerado de keynesianismo templado, cuantificado en 18.000 millones en dos años, puede ayudar a que la desaceleración no se convierta en peligrosa recesión.

Polémica espuria

En cuanto a la solución arbitrada por el Gobierno para paliar la sequía en Barcelona, debería acabar con las polémicas espurias. Después de torpes zigzagueos, el Gobierno volvió ayer a la solución original de comprar aguas sobrantes de los regantes. Tanta improvisación no ha ayudado a explicar una decisión que ha disparado las protestas entre los regantes del Ebro, en el interior de Cataluña y en los Gobiernos del PP de Valencia y Murcia.

El anuncio de estos dos Gobiernos de llevar el asunto al Tribunal Constitucional resulta temerario -hay precedentes de soluciones similares ante similares urgencias- y demagógico, porque busca inflamar los sentimientos particularistas. Sean alcaldes catalanes de la zona del Ebro o Gobiernos del PP, sus actitudes son de extrema insolidaridad, con el agravante de que la Valencia política niega ahora a Barcelona lo que antes aceptó para sí en Benidorm o en Manises. Lo urgente es que la obra no se encalle en trámites burocráticos, porque, si no llueve, la fecha está fijada: en octubre, Barcelona y su área de influencia, más de cinco millones de habitantes, se quedarían sin agua. ¿Es ésa la unidad y cohesión de España que preconizan?