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El alcalde de Zurgena dice que no hay pruebas contra él

Trabalón anuncia acciones legales contra la Guardia Civil

El alcalde del municipio almeriense de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), detenido junto al concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, el pasado 2 de abril en el marco de la operación Costurero -que puso al descubierto la construcción de unas 1.200 viviendas ilegales- asegura que la Guardia Civil no ha aportado pruebas que lo incriminen ni a él ni a su edil de Urbanismo de corrupción urbanística.

En una larga intervención ante los medios de comunicación, alcalde y concejal defendieron la "inconsistencia" de las acusaciones "no acreditadas" en el sumario. Trabalón acusó a la Junta de "no haber querido buscar una solución" y a la "cúpula del PSOE en Almería" y de haber sometido a Zurgena a una "persecución" después de que no prosperase una moción de censura. A los tres agentes de la brigada de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que han elaborado el sumario les reprocharon haber practicado unas diligencias "que dejan mucho que desear".

El alcalde acusó a la Junta de Andalucía de no haber tenido "nunca" la intención de dar solución a la situación generada tras la petición, en junio de 2006, de que revisara de oficio "todas" las licencias. "Nosotros ya no sabíamos qué hacer y observábamos que licencia que dábamos, licencia que era llevada al juzgado. Hemos tenido muchísimas reuniones con el delegado de Obras Públicas. Pensé que quería ayudarnos. Desde hace un año y medio no hemos dado ni una sola licencia porque nos la llevaba al juzgado", detalló Trabalón.

Ante esta situación, el equipo de gobierno remitió una carta al Defensor del Pueblo Andaluz en la que le describía la situación de "inseguridad jurídica" padecida en Zurgena. El Defensor José Chamizo reconoció en un escrito posterior "no haber recibido la preceptiva respuesta" por parte de la Consejería. Así las cosas, Trabalón reconoció que ya en septiembre de 2007 la corporación cedió las competencias de redacción del nuevo PGOU a la Junta. Entre la documentación aportada en la rueda de prensa figura un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA) Ángel Sánchez Blanco que valora la gestión municipal de "ejemplar", lo que "desactiva las 25 propuestas de revisión de licencia de la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas".

El letrado que representa al Ayuntamiento de Zurgena, Antonio Segura, anunció acciones legales contra la Guardia Civil en jurisdicción penal y administrativa por entender que "ha podido infringir gravemente" la Ley de Cuerpos de Seguridad del Estado.

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