Era la primera vez en 30 años que el poder civil lograba adentrarse en esta propiedad, regalada al dictador hace siete décadas a través de una suscripción popular y dinero de los ayuntamientos coruñeses.

Los descendientes de Franco intentaron impedir la inspección, incluso apelando a la Constitución y al derecho a su intimidad, pero, finalmente, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha obligado a los herederos a abrir las puertas. Hace un año que la Consellería de Cultura intentaba comprobar el estado de conservación de un bien que está catalogado entre el Patrimonio Cultural de Galicia desde 1991. Ahora, durante varios meses, y con la información y el material gráfico recogido ayer, la Xunta determinará si el pazo debe ser Bien de Interés Cultural. Esta catalogación máxima obligaría a la familia a abrir las puertas al público cuatro días al mes.