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Alberto Ruiz-Gallardón, en Pekín / EFE
Quedan más de dos meses para el congreso del Partido Popular, pero ya nadie disimula la guerra abierta que se vive en el seno de un partido que nunca, desde finales de los ochenta, había dado una imagen de división tan evidente. La sesión del martes en el Congreso, de la que Mariano Rajoy salió airoso, sirvió sólo como un respiro de un par de días, pero ayer volvieron los cuchillos.
Desde que el pasado lunes Esperanza Aguirre dejó abierta públicamente la posibilidad de presentarse como alternativa a Mariano Rajoy para liderar el PP, casi todos los líderes regionales han sido preguntados sobre el asunto. Las respuestas revelan cierta ambigüedad en algunos casos, siempre dentro del apoyo a Rajoy, y de la prudencia, ya que Aguirre no ha formalizado su candidatura.
Cuando todas las piezas institucionales estén encajadas y los Reyes realicen la apertura solemne de la IX Legislatura el próximo miércoles, se pasará de la retórica a la política con la primera reunión, cara a cara, de las cúpulas parlamentarias del PSOE y del PP.
"Seguimos esperando". El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu, se resiste a aceptar el silencio de Rodríguez Zapatero a su oferta de llegar a un acuerdo de fondo sobre la cuestión vasca, antes de que el próximo junio se active el calendario de la consulta popular fijado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
Antonio Lanzadera, un trabajador de una subcontrata de la empresa Fyse -filial del grupo Ercross dedicada a la producción farmacéutica- murió ayer al explotar un depósito de 30.000 litros de metanol -un derivado del alcohol usado como disolvente- que provocó un espectacular incendio en la planta de Aranjuez (Madrid) en el que resultaron heridos otros tres trabajadores.
El Juzgado número 3 de Castellón acogió ayer la declaración del alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, imputado por un presunto delito de prevaricación tras vender suelo municipal a un precio de seis euros el metro cuadrado y sin sacarlo a subasta pública.
Todo lo referente a la crisis de la sequía en Barcelona depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Moncloa ha tomado así las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y ha apartado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, competente en teoría para la gestión del Ebro y de la sequía.
Les llamaban terroristas y jaleaban a la gente para ir "a por ellos", a la casa de Gonzalo Canales, presidente de Arca, la organización ecologista responsable de la sentencia que paralizó la urbanización donde habían comprado sus casas, en el Alto del Cuco (Piélagos, Cantabria). Fue el miedo lo que decidió a Canales a presentar una denuncia.
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