Es Barberá, no la justicia
El Tribunal Supremo ha rechazado dos recursos de los afectados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, en octubre de 2004, en una reñida decisión por solo diez votos a ocho, resolvió a favor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior promovido por el Ayuntamiento de Valencia para El Cabanyal-Canyamelar. Conjunto histórico, anexionado a Valencia en 1897, que mereció la calificación en 1993 de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría de protección de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, por el singular valor de su trama urbana, herencia del alineamiento de las antiguas barracas de pescadores y por su peculiar arquitectura, ejemplo irrepetible de modernismo popular.
La sentencia descarta la ilegalidad del plan, pero ello no lo convierte en el más idóneo
En el origen del conflicto está la contradicción entre la proclamada voluntad municipal de proteger y mejorar el conjunto urbano formalmente protegido y el empeño en prolongar Blasco Ibáñez a través del barrio, abriendo una brecha de algo más de 100 metros de anchura, 48 para la avenida y el resto para nuevas manzanas edificables, con la consiguiente destrucción de 450 edificios, muchos de ellos de alto valor patrimonial, la pérdida de 1.651 viviendas y el desplazamiento forzoso de centenares de vecinos. Algo a lo que, desde hace ya diez años, se vienen oponiendo los afectados con el aval de expertos y universidades y la solidaridad de miles de ciudadanos.
La nueva sentencia descarta la ilegalidad del plan municipal, pero ello no lo convierte en el más idóneo ni en la mejor opción. Porque, como es sabido, los tribunales, obligados a ceñirse a una concreta y acotada controversia jurídica, no alcanzan a valorar la idoneidad o no de una decisión administrativa cuando era posible elegir entre diferentes soluciones técnicas. Podemos pues reiterar que el PEPRI promovido por el Ayuntamiento, tal y como hoy está formulado y más allá de la sentencia, sigue sin ser la mejor solución para El Cabanyal-Canyamelar y para la ciudad de Valencia, al menos, por tres razones.
La primera, porque de todas las opciones técnicamente posibles para la necesaria protección y recuperación del conjunto declarado BIC, el Ayuntamiento de Valencia, con el aval de la Generalitat, ha elegido la más burda y, al tiempo, más dolorosa para el barrio y sus habitantes. La prolongación proyectada, acompañada de bloques de nueva edificación a ambos lados que duplican la altura media de las viviendas tradicionales del barrio producirá, donde antes había un barrio singular de marcada homogeneidad, de razonables proporciones y a escala humana, dos residuos urbanos ocultos tras las modernas edificaciones, desconectados entre sí a causa de una vía rápida al servicio del transporte motorizado. Una opción demasiado elemental y anticuada que recuerda la apertura de avenidas que, como la del Oeste, acabaron por agudizar la degradación de barrios tradicionales, como pasara ya con Velluters y el Mercat.
En segundo lugar, el plan no es viable porque los nuevos bloques a construir, con una altura prevista de cinco plantas, no van a servir de suficiente aliciente a la iniciativa privada como para permitir al Ayuntamiento encontrar socios que financien su proyecto en estos tiempos de crisis, aún a pesar de que años de desidia municipal hayan podido abaratar el precio del suelo afectado. En consecuencia, a la señora Barberá le van a quedar muy pocas opciones y ninguna buena, o modifica al alza la edificabilidad del plan para hacer atractiva la inversión al capital privado, agravando aún más el despropósito urbanístico, o compromete otras compensaciones a los inversores forzando la ley u opta por hacer a toda la ciudad partícipe del desaguisado y sufraga con el dinero de los valencianos su obstinación, costeando los cientos de millones de euros que costarán las expropiaciones y las obras de urbanización mediante el incremento, más o menos encubierto, de la presión fiscal y el mayor endeudamiento para el futuro.
Por último, este plan municipal no ha ido acompañado de voluntad de diálogo y consenso previo con los afectados e hipotéticos beneficiarios de la actuación. Y es que un plan que quiere presentarse como de mejora para un barrio de alto interés patrimonial y de gran vitalidad social no puede partir de considerarlo como si de un erial se tratase. Tampoco las autoridades pueden abusar de la legitimidad que dan las urnas para imponer su voluntad negando el derecho de participación de la ciudadanía. Cuando, además, desde la reforma de la legislación local de 2003, el Ayuntamiento de Valencia tiene la obligación de someter los temas de planificación estratégica y grandes proyectos urbanos a un consejo social que la señora Barberá elude constituir.
Que hoy parezca no haber solución para El Cabanyal-Canyamelar no es resultado, pues, de una decisión judicial más o menos desafortunada, el problema viene de una errónea decisión política previa, de un mal entendimiento de la autoridad y de una obstinación que amenaza con privar de su único patrimonio a centenares de personas a cambio de una valoración incierta, imponiéndoles un desarraigo afectivo y vital insoportable en tanto sufren la incertidumbre de un lejano retorno. Algo que aún podría enmendarse si la señora Barberá fuese capaz de dejar en suspenso la ejecución de este plan para sentarse con las vecinas y vecinos a buscar una solución diferente de entre las varias técnicamente posibles, una solución consensuada, viable y menos traumática para el barrio y la ciudad.
Antonio Montiel es abogado.
