El escrito del fiscal anticorrupción Fernando Delgado desgrana su acusación contra Bueno, de quien destaca que era socio y cargo de Metrovacesa y de Selfas cuando vendió las acciones de HC.

Según el relato del fiscal, la participación de El Monte en HC nunca fue sometida, previamente a su enajenación, a un estudio por instancias externas e independientes para valorarla o tasarla. Se eludió así una garantía para que la venta cumpliera condiciones razonables de precios de mercado. Las escasas valoraciones técnicas de las acciones fueron sólo internas. "Padecían", señala el acusador, "del interés aportado por ambos querellados, según cargos en la entidad vendedora, con evidente capacidad de presión". La ausencia de control, además, apunta a que ambos ex cargos (Bueno y Selfas) omitieron y vulneraron normas internas para inversión en sociedades representadas.

Pero el relato del fiscal va más allá. Según detalla, los acusados también silenciaron o falsearon los datos reales sobre la venta de acciones de HC ante los órganos de control interno. Así, ocultaron que el 5 de octubre de 2005 habían firmado un contrato de opción de compra y venta de acciones. Lo presentaron 12 días después como una mera propuesta, susceptible de ser negociada con posterioridad. Pero no era cierto. El precio era inmodificable. Y ruinoso. Si una acción de Metrovacesa tenía entonces un precio en Bolsa de 57,6 euros, el precio fijado en la operación por los querellados se redujo a 41,2 euros.

Sobre la operación, el Banco de España entendió que el precio de 32 millones de euros fijado en la venta del paquete de HC era muy inferior a su valor de mercado y apreció una importante minusvaloración de las acciones de Metrovacesa contenidas en la venta. Según la autoridad monetaria, El Monte debería haber recibido 51,3 millones en función de su participación en HC, 19,3 millones más de lo fijado por Bueno y Selfas.

Sobre esta conclusión y las auditorías, El Monte basó su demanda civil por daños y perjuicios de 17,9 millones de euros.