El presidente de la Diputación de Lleida, el republicano Jaume Gilabert, aseguró ayer que no ve con buenos ojos un trasvase de agua permanente del Segre al Llobregat porque no hay garantías de suministro para los usuarios de Lleida, principalmente para los riegos e industrias, pero precisó que entendería una captación temporal para consumo de boca si se diera una situación de "necesidad extrema". "Si se demuestra que tenemos excedentes, podremos decidir qué hacemos con ellos, pero ahora no ocurre eso", añadió.

En este sentido se pronunció el delegado de la Generalitat en Lleida, Miquel Pueyo, de ERC, quien señaló que aceptaría una captación de agua en el Segre si hubiera recursos suficientes en este río. "El trasvase", proclamó, "no se hará si las poblaciones de Lleida no tienen garantizado su abastecimiento y lo que no haremos será vaciar un río que esté por debajo de determinado caudal mínimo". ERC forma parte del tripartito, cuyo Departemento de Medio Ambiente estudia la idea del trasvase.

La primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Lleida, la socialista Marta Camps, señaló que el traslado de agua del Segre a Barcelona sólo se debería realizar como último recurso e indicó que una operación de estas características se tendría que abordar "con todas las cautelas, con provisionalidad y como medida de excepción", y siempre que no fuera posible otra alternativa, como llevar agua del Ebro o de las plantas desalinizadoras de Almería. Camps añadió que antes de aplicar esta medida "es indispensable hablar con el territorio, con los ayuntamientos afectados, con las hidroeléctricas, con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con los regantes. El abastecimiento de boca es prioritario para Lleida".

Uno de los colectivos que se oponen con mayor fuerza al trasvase es el de los regantes del Canal d'Urgell y del Segarra-Garrigues. La postura de sus presidentes, Ramon Carné y Josep París, que gestionan unas 150.000 hectáreas de regadío, es de no ceder ni un litro de agua en las condiciones actuales ya que con las reservas de los pantanos de Oliana y Rialb sólo tienen agua para dos semanas si no llueve en los próximos días. "Nos oponemos rotundamente a este proyecto y lo que más nos duele es la falta de delicadeza de la Generalitat y el menosprecio con el que está tratando a estas tierras al proponer una solución que sólo sería un parche y provocará un enfrentamiento entre el mundo rural y el urbano. Lo que hay que hacer es potenciar el ahorro de agua y buscar soluciones como la construcción de plantas desalinizadoras e inversiones para modernizar los regadíos tradicionales", señaló París.

El sindicato Unió de Pagesos, mayoritario en el campo catalán, ha expresado su preocupación por las declaraciones del martes del consejero Joaquim Nadal, quien no descartó un trasvase de agua del Segre a Barcelona. El sindicato reclama a la Generalitat una política "global y coherente" para gestionar la situación de sequía y considera inaceptable que no mantenga un diálogo previo con los agentes sociales y económicos del territorio. "Lo que tiene que impulsar el Gobierno es un pacto nacional del agua y no encubrir un trasvase del Segre al que nos oponemos radicalmente", declaró Josep Cabré, miembro de la permanente del sindicato.

El portavoz de la entidad ecologista Ipcena, Joan Vázquez, calificó de "irresponsabilidad política" las declaraciones de Nadal y dijo que los términos captar y trasvasar referidos al agua tienen el mismo significado. "Un trasvase ocasional o permanente de agua de un lugar a otro no deja de ser un trasvase. El Gobierno catalán está haciendo todo lo contrario que cuando se opuso al trasvase del Ebro. En los últimos 30 años las aportaciones del Segre se han reducido el 50%", recordó Vázquez.

La idea de llevar agua de Lleida a Barcelona no es nueva. Hace un año se conoció la idea de la Agencia Catalana del Agua (organismo que depende del Departamento de Medio Ambiente) de la posibilidad de trasvasar agua de la cuenca del Segre en casos de emergencia por sequía y en un horizonte próximo al año 2030 preveía una población de 8,5 millones de personas y un aumento de la demanda de agua del 1,5% anual. En los estudios iniciales se barajaban varias alternativas, como una conexión entre el Segre y el Cardener a la altura de Oliana, y una tubería que atravesara la comarca de la Anoia. Medio Ambiente también negó que existiera un plan del Ejecutivo catalán para trasvasar agua del Segre a las cuencas internas de Barcelona.