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El hotel Meliá Volcán, en Yaiza (Lanzarote), cuya licencia ha sido anulada por el Tribunal Superior de Canarias / FERNANDO GALLARDO
Un tercio de los más lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise que se saltaron la moratoria urbanística de 2000.
La figura del arrepentido ha aparecido en la persecución penal de la corrupción ligada al urbanismo salvaje en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción, con la firma y el aval del fiscal jefe, Antonio Salinas, cerró antes del del 9-M un pacto judicial de colaboración con uno de los tres principales imputados de la trama del caso Andratx, el más importante de los escándalos políticos vinculados a la corrupción urbanística en las islas.
Concluida la batalla electoral, los resultados no permiten despejar aún si la Justicia seguirá sumida, como en la legislatura anterior, en el centro de la batalla política. Entre las prioridades que el nuevo Ejecutivo tendrá que acometer figura la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, y el relevo o ratificación del fiscal general del Estado.
El invierno que se cierne sobre la economía está congelando las expectativas de los extranjeros que aspiran a emigrar a España para trabajar. Durante la pasada legislatura, los empresarios importaron a 727.821 inmigrantes con contrato laboral.
Brasil retiene a una mujer con su hijo de 22 meses, ambos españoles, en plena crisis por el control migratorio en Barajas
La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se investigue si tres guardias civiles de Ceuta cometieron un delito de homicidio por imprudencia al "pinchar" los salvavidas de cuatro inmigrantes subsaharianos. Uno de ellos murió ahogado. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2007.
La Audiencia de Madrid ha empezado a matizar y suavizar la reforma carcelaria del PP, aprobada en 2003, que impide dar el tercer grado a presos que no han cumplido la mitad de su condena. Para evitar que los reclusos llegasen al tercer grado (régimen de semilibertad) en cualquier momento, el PP reformó el Código Penal e impuso el periodo de seguridad.
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