Ingresa en prisión el agresor de Armando
El Betis, pese a sus precedentes, insiste en que el episodio "es un hecho aislado"
El hombre que el sábado lanzó desde la grada del Manuel Ruiz de Lopera una botella llena de agua a la cara del portero del Athletic, Armando, entró poco después del mediodía de ayer en la prisión de Sevilla II y allí permanecerá hasta que pague los 3.000 euros de fianza que fijó el juez de guardia. Carmelo Pérez, un albañil de 40 años, forofo aunque no abonado del Betis, y residente en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, está acusado de dos delitos de desorden público y lesiones. La agresión al portero vasco ha vuelto a hacer del fútbol causa de indignación social que la celeridad y contundencia de la actuación judicial ha satisfecho en buena medida. Otra cosa es en lo que quede todo cuando culminen los respectivos procesos penal y deportivo.
Quien arrojó la botella es un albañil de 40 años que no es abonado bético
En general las sanciones por hechos así no se corresponden con su gravedad
En febrero de 2007 y también en el Ruiz de Lopera, el entonces entrenador sevillista, Juande Ramos, perdió el conocimiento tras ser golpeado por una botella de agua en la cabeza. El impacto social fue enorme y las peticiones de sanciones incluso más intensas que las generadas tras la agresión del sábado a Armando. El caso sigue en los juzgados y la Fiscalía de Sevilla pide una multa para el acusado de 4.680 euros, además de una indemnización de 360 euros al entrenador manchego y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante dos años. Una sanción que parece muy alejada de la contundencia y unanimidad existente en relación con la lucha contra la violencia en sus distintas formas en el deporte, algo en lo que parece que no hay discrepancias, pero sí interpretaciones. Así, el Comité de Competición castigó al Betis a jugar tres partidos fuera de su estadio mientras que la Comisión Antiviolencia les pedía un mes de exilio para los verdiblancos y una multa de 90.500 euros al club sevillano. Las sanciones penales a los agresores de todo tipo son muchos más frecuentes de lo que se sabe y la diferencia entre el espíritu de la ley y la decisión judicial no es diferente a las demás.
A veces, satisface a todos, a veces no. Con los organismos de justicia deportiva es otro cantar.
La actitud de los clubes ante las sanciones por este tipo de incidentes deja bastante que desear. Los clubes eluden cualquier responsabilidad y no dudan en transmitir mensajes de victimismo y conspiraciones varias en su contra. El Betis sostuvo ayer en un comunicado oficial pocas horas después del botellazo a Armando que todo se trataba de un hecho "aislado" e imposible de controlar. El mismo argumento que utilizó en marzo de 2002 cuando un aficionado lanzó 13 cohetes contra los seguidores sevillistas en un derby liguero en Heliópolis o tras la citada agresión a Juande. El propósito de enmienda no suele sobrevivir a los primeros párrafos en los discursos de los clubes.
Los ejemplos de castigos deportivos que se antojan inadecuados al espíritu de las leyes son numerosos. Competición castigó al Sevilla con 3.500 euros de multa y cuatro partidos de exilio tras la paliza que cinco jóvenes, dos de ellos menores, le pegaron a un miembro de la seguridad privada en el Sánchez Pizjuán, en octubre de 2002, mientras que el Barcelona tan sólo pagó 9.000 euros por el recibimiento a su ex jugador Figo en su primer partido en el Camp Nou con el Real Madrid.
Al Valencia le costó tan sólo 6.000 euros la agresión con una moneda a un juez de línea en una eliminatoria de Copa frente al Deportivo en enero de 2006. El Athletic fue multado con 600 euros por la explosión de un petardo al lado de la cabeza del portero del Atlético en diciembre de 2005. La agresión del sábado en Sevilla merece un esfuerzo entre los distintos organismos que luchan contra la violencia en el deporte. La sintonía que sí parece haber frente a los actos de racismo.
