Una de las dos plataformas contrarias al Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi, la llamada Red por un tren social, manifestó ayer que este proyecto impedirá acometer otros planes ferroviarios y que los propios informes del Gobierno sobre movilidad confirman la "nefasta política de transportes" del Ejecutivo.

Esta agrupación, formada por 20 organizaciones como la ilegalizada Batasuna, ANV, Aralar, Ezker Batua, los sindicatos ELA, LAB o STEE-EILAS, grupos ecologistas como Ekologistak Martxan y Eguzki y la asociación de consumidores EKA, compareció ayer públicamente e insistió en que la Y cubriría "un porcentaje ínfimo" de los desplazamientos. Sobre el tráfico de mercancías, el portavoz de Ekologistak Martxan Carlos Alonso apuntó que los informes del Gobierno reconocen "implícitamente que no saben qué tipo de mercancías ni qué cantidades transportaría la Y vasca".

El presidente de la asociación EKA, Koldo Nabascués, destacó que el Ejecutivo no ha aclarado el precio de los billetes o las zonas donde se cargarían o descargarían las mercancías.