La UE juzga la capacidad vasca de fijar una fiscalidad para las empresas

Una de las vías para que el Tribunal de Justicia europeo inicie un procedimiento es una cuestión prejudicial (consulta) planteada por un tribunal de uno de los Estados miembros relativas a la interpretación o a la validez de una disposición comunitaria. Este es el caso del Impuesto de Sociedades vasco. ¿Es o no compatible con las normas de competencia europeas? ¿Debería haberse comunicado a la Comisión antes de su aprobación?

El origen de la controversia descansa en la sentencia del Tribunal Supremo que en 2005 declaró buena parte del Impuesto de Sociedades incompatible con las normas de competencia de la UE. En septiembre de 2006, el Tribunal de la UE estableció una nueva doctrina en el caso Azores, por lo que el Superior vasco, en el curso de una nueva impugnación del Impuesto de Sociedades por el Gobierno de Castilla y León, acordó elevar la consulta a Luxemburgo. La Corte Europea deberá dictaminar si el sistema tributario vasco cumple tres requisitos: que el Gobierno regional tenga un estatus constitucionalmente aceptado; que el Gobierno central no pueda influir directamente en la elaboración de las normas fiscales, y que las pérdidas fiscales de una reducción de impuestos las asuma el Gobierno regional sin compensaciones.

En el procedimiento desarrollado hasta ahora, una vez concluida la fase escrita, se requirió a las partes para que indicaran si solicitaban la celebración de una vista y, de ser así, por qué motivo. El Tribunal de Justicia toma sus decisiones basándose en el informe del juez ponente y después de oído el abogado general (una especie de fiscal) que asiste al tribunal y está encargado de presentar, con toda imparcialidad e independencia, un dictamen jurídico (las conclusiones) en los asuntos que se le asignen. Así mismo, determina el tribunal si el asunto requiere diligencias de prueba, a qué sección de mismo debe atribuirse el caso y si procede celebrar una vista, que fija el presidente.

La fecha señalada es hoy y la cuestión prejudicial se debate en una vista pública en la sala tres del Tribunal Europeo. Según el procedimiento establecido, el juez ponente resume en un informe los hechos que se presentan y la argumentación desarrollada por las partes y, en su caso, por los coadyuvantes. Este informe reparte previamente a la vista, en el idioma de procedimiento, que en este caso es el español.

Los jueces y el abogado general pueden formular a las partes representadas las preguntas que estimen oportunas. Hoy todas las partes intervendrán. En contra, la Comisión Europea, Castilla y León, La Rioja y UGT-Rioja. A favor, las diputaciones y el Gobierno vasco, el Reino Unido, Italia y Confebask.

Al cabo de algunas semanas se presentan ante el Tribunal de Justicia, de nuevo en audiencia pública, las conclusiones del abogado general, que propondrá con "toda independencia" la solución que considera que debe darse. Así finaliza la fase oral del procedimiento.

Los jueces deliberan basándose en un proyecto de sentencia elaborado por el juez ponente. Las decisiones del tribunal se adoptan por mayoría, sin que sea posible hacer constar votos particulares. El Tribunal Superior del País Vasco deberá fallar en el litigio sobre el Impuesto de Sociedades que dio lugar a la consulta a Luxemburgo de acuerdo con la decisión que tome el Tribunal Europeo