Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

La reelección como factor democrático

Dentro del ideario conservador español está calando la idea de que permanecer mucho tiempo en el poder es malo. Sólo esto explica por qué, cada vez que los dirigentes del Partido Popular prometen medidas de regeneración democrática, comienzan limitando su estancia en el poder. En el pasado, tanto Alberto Ruiz-Gallardón como José María Aznar decidieron no estar más de ocho años en las presidencias del Ejecutivo regional y central, respectivamente. Recientemente, Mariano Rajoy ha prometido lo mismo.

La idea que subyace es que prolongar la estancia de un político en una "poltrona" genera incentivos perversos. Por un lado, quienes ostentan el poder siempre tienen ventajas respecto a quienes ocupan la oposición: control de la agenda, más recursos... La limitación de mandatos sería una forma de restringir el abuso por parte de los políticos. Por otro, las estancias largas en cualquier puesto pueden generar "vicios" en el comportamiento: corrupción, redes clientelares...

La limitación de mandatos puede alejar al gobernante de la ciudadanía

Como no aspiraba a un tercer mandato, Aznar desoyó a los españoles en Irak

Pero vayamos un poco más allá. Porque, a pesar de que esta promesa se presenta como un mecanismo de regeneración democrática, desde la ciencia política estos argumentos generan dudas.

Dos de los principales objetivos de las democracias modernas son que los gobiernos sean receptivos -responsiveness- y responsables. La receptividad implica que los gobernantes escuchan las demandas de la población. En la medida que las democracias son representativas, es razonable pensar que los gobiernos llevarán a cabo aquello que quieren los ciudadanos. De forma exagerada, estaríamos pensando en políticos "obsesionados" por las encuestas y que gobiernan siguiendo lo que se desprende de éstas. Esto explicaría, por ejemplo, por qué el Partido Popular, cuando gobernó, no prohibió el divorcio o el aborto. Saben que una mayoría de los españoles aprueba estas políticas. La responsabilidad, en cambio, envuelve cuestiones distintas. Una vez se alcanza el poder, los gobiernos se encuentran con situaciones inesperadas. Por ello, a veces no pueden cumplir sus promesas. Dadas estas incertidumbres, un gobierno sólo puede ser juzgado por sus políticas y resultados. Las elecciones se convierten en un juego de premios y castigos donde los políticos asumen la responsabilidad de su gestión. Ambos objetivos no son necesariamente excluyentes: se pueden seguir las preferencias de los ciudadanos durante la legislatura y ser al mismo tiempo responsable del balance final.

Pero si los políticos deciden limitar sus mandatos, estos dos objetivos entran en conflicto. ¿Por qué un gobernante va a atender los deseos del electorado si no compite por otro mandato? Si los políticos no tienen como horizonte la reelección, no tendrán ningún incentivo para atender las demandas de los votantes y se sentirán "liberados" en sus decisiones del control de los ciudadanos. Por ello, durante la anterior legislatura, José María Aznar no tenía la necesidad de escuchar las manifestaciones en su contra por la guerra de Irak, la reforma educativa o la huelga general. Desde una perspectiva egoísta, su cargo ya no estaba en juego.

Además, ¿cómo se asignarán responsabilidades si el político no se vuelve a presentar? La reelección es uno de los mecanismos que permite que las elecciones funcionen correctamente como instrumento de evaluación del gobierno por parte de los ciudadanos. Si un presidente no se presenta para un nuevo mandato, los electores perderán la posibilidad de castigarle o premiarle por su gestión. Continuando con el ejemplo anterior, nos podemos preguntar: ¿a quién culpamos de la decisión de José María Aznar de participar en la guerra de Irak?

Cabría pensar que, en estas circunstancias, serán los partidos quienes asumen las responsabilidades, puesto que son un factor de continuidad: el gobernante saliente no compite en las elecciones futuras, pero su partido sí. No obstante, esta conclusión también es dudosa. Las democracias, para su correcto funcionamiento, necesitan partidos fuertes y cohesionados. Por un lado, si las formaciones políticas son débiles, emergen élites que compiten entre sí y que responden a intereses particulares. La evidencia empírica corrobora esta conclusión. En Estados Unidos, Rusia y gran parte de Latinoamérica, países donde no es posible optar a infinitos mandatos, nos encontramos con partidos mucho más débiles que los europeos, gozando las élites de casi todo el protagonismo. Por otro lado, el debilitamiento interno de las formaciones políticas conduce a la polifonía de los mensajes y eso genera muchas incertidumbres en el electorado. De hecho, recientes trabajos académicos -José María Maravall e Ignacio Sánchez-Cuenca, 2007, Controlling governments. Voters, institutions and accountability- demuestran que los votantes penalizan a los partidos políticos divididos.

Establecer límites en la reelección contribuye al debilitamiento de los partidos y mina su cohesión interna, sin permitir el correcto funcionamiento de la democracia. Por una parte, si todo el mundo sabe cuándo es la fecha de caducidad del líder, sus posibles sucesores comenzarán una carrera, más o menos soterrada, por la sucesión. En algunos países, como Estados Unidos, se ha optado por la transparencia máxima: las primarias. En cambio, en España encontramos el modelo opuesto: el Partido Popular trató de hacer lo más opaco posible el proceso de selección del sucesor de José María Aznar. En ambos casos los partidos salen debilitados.

Por otra parte, si la herencia que deja el político retirado no es buena, el nuevo candidato siempre puede optar por no asumir la gestión de su antecesor. Pero esta decisión no es sencilla. Los seguidores del líder saliente, que suelen ser numerosos y siguen ocupando puestos de responsabilidad, se pueden sentir ofendidos. De tal forma que el nuevo candidato acaba siendo prisionero de una gestión que no realizó y que, quizás, no comparte. Esta tensión contribuirá a crear disputas internas.

A la luz de estos argumentos, podemos concluir que la promesa de Mariano Rajoy de no estar más de ocho años en el poder no constituye un mecanismo de regeneración democrática. Los ciudadanos pierden parte del control que ejercen sobre los políticos y los partidos se ven debilitados.

Lo intrigante es por qué, aún así, algunos políticos se atan las manos ante futuras reelecciones. Quizás, lo que subyace a esta propuesta es un mensaje negativo sobre la actividad política. Si lo que se quiere transmitir es que todos los políticos son iguales y que su única meta es "forrarse" mientras ocupan un cargo, la limitación de mandatos es una buena idea. Impedir la reelección sería un mecanismo para impedir el abuso del poder o para "redistribuir" las ganancias de estar en el cargo entre todos los partidos.

Lo que sucede es que esto no es cierto, puesto que la actividad política no implica necesariamente corrupción. Quizás sea una estrategia electoral exitosa en el corto plazo, pero en el largo plazo contribuye a transmitir ideas negativas sobre la política y debilita el funcionamiento de la democracia.

Ignacio Urquizu es politólogo de la Fundación Alternativas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2008