Sin entrar en valoraciones políticas, la Academia del Partal señala en su comunicado que es un error "creer que con la ejecución de esta sentencia se soluciona el debate, se aclaran los criterios de intervención sobre el patrimonio y los conceptos de restauración" y considera que dicha sentencia "no favorece la conservación ni la recuperación del patrimonio arquitectónico que hemos heredado", además de advertir de que, de seguir por ese camino, "se entra en vía de contradicciones y dudosos resultados". En este sentido, el presidente de la Academia, Domingo García-Pozuelo, ponía el ejemplo de las intervenciones restauradoras en otros monumentos de gran valor histórico, como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, que, según los criterios expuestos en la sentencia del Teatro Romano, "también podrían ser denunciables, porque no son fieles a la Ley de Restauración del Patrimonio de 1985". García-Pozuelo señaló que la rehabilitación de esos edificios "se ajusta a procedimientos metodológicos de los expertos, en los que los políticos no pueden opinar, pues cada monumento tiene un criterio de restauración", al igual que sucede con la obra de Grassi y Portaceli, "que podrá gustar o no, pero está hecha por expertos y su obra cumple una misión cultural y social", afirma. El comunicado de la Academia del Partal concluye calificando como "fuera de toda lógica y no admisible" la ejecución de la sentencia. Una palabra de expertos en restauración que refrenda su presidente: "Los políticos tienen que dedicarse a la política y dejar que los expertos en restauración analicen y valoren la mejora del patrimonio histórico".