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jueves, 7 de febrero de 2008
La precampaña electoral

Rajoy quiere obligar a los inmigrantes a firmar "un contrato de integración"

El PP incluye "la higiene" entre las obligaciones para los extranjeros

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que, si gana las elecciones del próximo 9 de marzo, obligará a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia a firmar un "contrato de integración". En el documento, los extranjeros deberían comprometerse "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo".

El contrato tendría "valor jurídico" y obligaría a aprender castellano

En concreto, tendrían que marcharse de España si no lograran trabajo en el año siguiente a la renovación. Rajoy precisó que su "contrato" tendrá "valor jurídico", por lo que previsiblemente implicaría una nueva reforma de la Ley de Extranjería.

A cambio del cumplimiento de ese contrato, el Gobierno de Rajoy concedería a los inmigrantes "los mismos derechos y prestaciones que a un español", y se comprometería "a ayudarles en su integración y a respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a las leyes españolas".

Aunque la fórmula del contrato es inédita en España -sólo Francia la ha adoptado-, la mayoría de los requisitos que propone Rajoy ya están contemplados en la legislación vigente. Por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Extranjería especifica que los extranjeros que quieren renovar los papeles deben acreditar que han cotizado a la Seguridad Social un mínimo de seis meses por año y que tienen una oferta de empleo firme. Si no, deben abandonar el país.

Entre las "costumbres de los españoles" que los inmigrantes deberían respetar, Rajoy mencionó la prohibición de la ablación y el respeto a la igualdad de sexos, que ya están tipificados en las leyes. Fuentes del PP añadieron otras "costumbres" recogidas en las ordenanzas municipales, como "la higiene".

El líder del PP avanzó otros aspectos de su programa: no hacer más regularizaciones masivas (durante su etapa como ministro del Interior regularizó a 239.174 inmigrantes de una tacada) y aumentar el número de expulsiones (en la última legislatura del PP ascendieron a 14.397, mientras que en los últimos cuatro años se han incrementado hasta 40.787, un 183,3% más). También reformaría la fórmula de reagrupación familiar para limitar esa vía de entrada de inmigrantes, y expulsaría de forma "inmediata" a los que hayan cometido delitos. Rajoy ya intentó ejecutar esa propuesta cuando era ministro del Interior en el Gobierno de Aznar, pero recibió contundentes argumentos en contra, entre otros del Tribunal Supremo. La medida privaba a los extranjeros de la presunción de inocencia, libraba a los delincuentes de la cárcel y burlaba el derecho de las víctimas a ser resarcidas. En la actualidad, los extranjeros condenados son expulsados, pero después de cumplir sus penas de cárcel.

Una propuesta copiada de Sarkozy

El "contrato de integración" que Mariano Rajoy hará firmar a los inmigrantes si el Partido Popular alcanza el Gobierno es una copia de un documento que el hoy presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, introdujo en la legislación de su país en 2004, cuando era ministro del Interior.El contrato francés exige a quien pide la residencia que se comprometa a respetar los valores de la República Francesa, aprender la lengua y a respetar las leyes y a aceptar la igualdad entre hombre y mujer. Si se demuestra que ha incumplido ese contrato, que debe firmar junto a su solicitud, puede perder las ayudas sociales y, en los casos más graves, incluso ser expulsado de Francia.Países como Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos o exámenes de idiomas, pero ninguno llega al extremo de recoger sus exigencias en un documento.En España, el contrato de Rajoy tiene un precedente en el programa de Convergència i Unió para las elecciones autonómicas de 2006. CiU abogó por una ley para que los extracomunitarios accedieran a los permisos de residencia y de trabajo y a determinados servicios sociales en función de su grado de integración. La entonces consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, del PP, manifestó: "Más que una medida de integración parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos".

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