El juez entiende que ni el alcalde de la localidad, Alfredo Querol, ni los arrendatarios del albergue municipal tenían competencia para prohibir la fiesta, pese al estado en el que se encontraba el establecimiento, que es de titularidad municipal y estaba gestionado por una empresa. Además considera que no se cometió ninguna irregularidad al permitir la apertura del albergue, aun cuando no disponía de calefacción, ya que la normativa autonómica no exigía este servicio.

El auto de sobreseimiento provisional del juez coincide, en tiempo, con la inclusión en los autos de un escrito remitido por la fiscalía de Castellón en el que se solicitaba la imputación del alcalde y de los arrendatarios, que durante la instrucción declararon como testigos. En el escrito, el fiscal exponía que de aquellas declaraciones se desprendía que "la arrendataria y el gerente de hecho conocieron y admitieron la instalación de estufas, siendo incluso conscientes de algunos de los peligros que comportaban". El texto añade que, por la misma comparecencia ante el juez, se sabe que el gerente incluso "puso en conocimiento del propio alcalde la organización de la fiesta, el hecho de la ausencia de calefacción y la instalación de estufas". "Al parecer se desentendió de tomar cualquier decisión", añade el fiscal.

Por el contrario, en el auto de sobreseimiento el juez dicta que "no se ha acreditado que el alcalde conociera la celebración de la fiesta y mucho menos que supiera que se iban a instalar unas estufas inadecuadas y potencialmente mortíferas". En el mismo escrito el juez explica que una persona "no determinada" llevó dos estufas. Una de ellas se instaló en la sala principal y la otra, en el dormitorio colectivo. Los 18 ocupantes del dormitorio murieron y únicamente dos personas, el anfitrión y su pareja, sobrevivieron ya que utilizaron otra habitación.

El juez contesta al fiscal explicando que "sería necesario que las personas cuya imputación se pretende fueran conscientes de que al no prohibir la fiesta o al no impedir que se instalara una estufa estaban aceptando el riesgo de que murieran personas". "Tal cosa es insostenible", sentencia.

La decisión del juez fue acogida ayer como un jarro de agua fría por parte de la asociación de familiares de las víctimas, que se personó en el proceso como acusación particular, que ya ha anunciado que recurrirá el auto. Hasta que no se le ha notificado el sobreseimiento, la asociación desconocía que el fiscal hubiera pedido la imputación. La portavoz de los familiares, Carmen Merchante, se preguntaba ayer de nuevo "¿qué pasa con nuestro caso que parece que quieren enterrarlo cuanto antes?"