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Torrent desvía viviendas protegidas para jóvenes a personas afines al PP

El concejal de Urbanismo dice que es legal dar pisos a personas expropiadas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrent denunció ayer que la empresa pública Nous Espais, dependiente del Consistorio, va a entregar a dedo nueve viviendas protegidas, algunas de ellas a personas afines al PP, de las 308 que componen el complejo Parc Central. El Ayuntamiento respondió que la ley permite reservarse esas viviendas para adjudicarlas a personas que han sufrido un proceso de expropiación. Pero el portavoz del PSPV, José Veiga, opina que esta adjudicación supone "lesionar los derechos de los cientos de jóvenes torrentinos que optaron y optan a una de las viviendas" y que "cumplían en su día todos los requisitos establecidos". Y cifra en 1.300 los jóvenes que aspiran a ellas.

Quedaron vacantes 27 viviendas de las 308, pero solo 18 vuelven a sortearse

Veiga argumenta que 1.300 jóvenes torrentinos aspiran a un piso protegido

Según la denuncia, en julio de 2006 salieron a concurso esas 308 viviendas: 83 en el edificio M-13, 135 piso en el M-17 y otras 90 en el M-3. En concreto, el 19 julio se sortearon los pisos protegidos ubicados en el M-13. Las bases del concurso especifican como requisitos que los solicitantes fueran jóvenes (fecha de nacimiento posterior al 1 de enero de 1969) aunque no había límite para los discapacitados, que estuvieran empadronados en el municipio desde al menos antes del 1 de enero de 2003, que no tuvieran vivienda en propiedad y que los ingresos familiares anuales fueran inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Después de la adjudicación de los pisos, quedaron varias viviendas vacantes, bien por renuncia de los agraciados o porque no podían afrontar la compra. Esto "exigía volver a sortear esas viviendas, según las normas reguladores", argumenta el grupo socialista. De hecho, para el día 10 de enero de 2008 se anuncia un nuevo sorteo para las 7 viviendas vacantes del edificio M-3 y las 11 del M-17. Sin embargo, Nous Espais, cuyo gerente es el ex director del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) Fermín Domenech, no saca a sorteo las que quedaron sin vender en el M-13.

El PSPV explica que en la reunión de la comisión de selección para la adjudicación de viviendas celebrada del 30 de octubre pasado "se anunció la reserva de las viviendas vacantes del edificio M-13 para el realojo de algunas de las familias de la calle Paseo de Rosales" afectadas por la urbanización de Parc Central 2, que afectó a 25 familias.

En concreto, se reservan para las familias que no aceptaron el proceso de expropiación y lo recurrieron a los tribunales. Esto, según Veiga, también supone "un agravio comparativo", para el PSPV, entre los afectados de Parc Central 2, ya que los que sí aceptaron el precio ofrecido no pueden concurrir a estas viviendas. "Supone un trato de favor a quienes no dejaron sus viviendas en Parc Central 2 y ahora verán recompensada su actitud respecto a quienes sí lo hicieron y viven en nuevas casas".

El PSPV llega más lejos. El concejal Valentín Fernández explicó ayer que cuatro de las viviendas reservadas irán a parar a miembros de la familia de una persona que en las anteriores elecciones iba en las listas del PP con el número 16. Y se vincula esa inclusión en las listas a un intento de los populares de atraerse el voto de las personas de etnia gitana.

El concejal de Urbanismo de Torrent, Santiago Martí, alegó ayer que es "perfectamente legal destinar viviendas protegidas al realojo de personas que han sido expropiadas". Añadió que así lo contemplan tanto la reciente ley estatal del Suelo como el reglamento de la Comunidad Valenciana y que las bases de un sorteo "no pueden contravenir la ley". Martí destacó que esas expropiaciones favorecen un plan para hacer 530 viviendas de las que la mitad serán protegidas. Y añadió que en la comisión de octubre pasado todos los grupos votaron a favor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de enero de 2008