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La Iglesia se enfrenta al Gobierno

El PSOE reta al PP a incluir en su programa las derogaciones que reclaman los obispos

"No daremos ningún paso atrás", advierten los socialistas a la jerarquía de la Iglesia

La manifestación que organizaron los obispos el domingo pasado en Madrid contra el Gobierno de Zapatero, al que se acusó de llevar a la "disolución de la democracia" con su legislación laica, estuvo concertada con la dirección del PP, según denuncia el PSOE. Por ello, el número dos de los socialistas, José Blanco, retó ayer al PP a introducir en su programa electoral la derogación de las leyes del divorcio, del aborto, del matrimonio entre homosexuales y de igualdad, tal y como los obispos reclamaron en la plaza de Colón.

Mientras tanto, la Ejecutiva Federal del PSOE dejaba claro, a través de un comunicado titulado Las cosas en su sitio, que el Gobierno no cederá a las pretensiones de los obispos. "No daremos ningún paso atrás" en esa legislación que "amplía los derechos de los españoles", advierte el partido del Gobierno. El comunicado, que invoca la soberanía del pueblo, responde directamente a las acusaciones, "de contenido político", vertidas en aquella protesta por "algunos responsables de la jerarquía de la Iglesia Católica", a los que acusa de ser ellos quienes "se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia".

Con ello, el PSOE trata de probar que su ofensiva frente a los obispos, anunciada la víspera, va en serio. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó un acto en Almonte (Huelva) para reafirmar que el Gobierno no retrocederá porque "España va a seguir así". Añadió que en la Constitución española "cabe todo el mundo, todo el mundo tiene su sitio, todos tienen derecho a tener derechos, piense como piense, profese una religión o no".

Poco después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ratificaba que "el Gobierno está de acuerdo al 100% con el comunicado emitido por el PSOE". Y el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, que acompañaba a Zapatero, fue igual de rotundo al denunciar que "las familias cristianas españolas no tienen un concepto de familia tan integrista, arcaico y ultraconservador como algunos obispos y cardenales españoles".

En todo caso, el PSOE no ha logrado, hasta el momento, la rectificación que ha pedido a los obispos por acusarle de "disolver la democracia". Los dirigentes socialistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de que lo hagan o, incluso, que respondan al contundente comunicado de ayer. Por ello, el PSOE pretende ahora llevar este conflicto iniciado por los obispos al terreno del debate político con el PP, por su vinculación con las posiciones más conservadoras de la jerarquía eclesiástica.

José Blanco dijo ayer que la dirección del PP debe "dejar de esconderse debajo de las faldas de los obispos; tiene que quitarse la careta y abandonar la hipocrecía". Le emplaza a atender en su programa electoral las reivindicaciones de la plaza de Colón.

A la ejecutiva del PSOE no le cabe duda de que la dirección del PP está detrás de la manifestación preelectoral del domingo, aunque sólo acudieron a la cita una parte de sus dirigentes, como el europarlamentario Jaime Mayor y el ex secretario de Estado Jorge Fernández Díaz.

"Los obispos hicieron suyo el discurso del PP, y si Mariano Rajoy y la dirección de este partido en pleno no acudieron a la manifestación, cuando sí lo ha hecho en otras protestas contra el Gobierno organizadas por los obispos en esta legislatura, ha sido porque a dos meses de las elecciones no les conviene para no disgustar a sus electores más moderados", manifestó Blanco.

De la complicidad entre los obispos y el PP dio fe el ex ministro de Defensa, José Bono, que siempre ha exhibido su catolicismo, al denunciar que "algunos dirigentes de la Iglesia no abrieron la boca cuando gobernó el PP y no la han cerrado cuando gobierna el PSOE". Bono dijo que "España es el país de Europa que mejor trata a la Iglesia en el presupuesto, la enseñanza, los ejércitos...".

El silencio de De la Vega

La principal responsable del Gobierno en las relaciones con la Iglesia, la artífice de los acuerdos logrados por el Ejecutivo socialista con la Conferencia Episcopal en materia de financiación, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, seguía ayer sin pronunciarse públicamente sobre la crisis abierta entre los obispos y el Ejecutivo del que es número dos. A última hora de ayer, fuentes próximas a De la Vega manifestaron que la posición de la vicepresidenta primera es la que formuló en Almonte el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la del comunicado del PSOE. Pero de sus labios no salió ninguna palabra.

El silencio de la vicepresidenta sorprende tanto en la dirección socialista como en el Ejecutivo. "No parece normal que cuando los ministros dan la cara en los temas que les compete, la vicepresidenta no lo haga ante la crisis de unas relaciones que ella ha protagonizado, siendo, además, como es, la portavoz del Gobierno", señalaron fuentes socialistas.

Otras fuentes añadieron, con cierta sorna, que "más que la responsable de las relaciones con la Iglesia, la vicepresidenta parece la responsable de las buenas relaciones con la Iglesia".

La réplica del PSOE a los cardenales

(...) En estos cuatro años, nuevas leyes han avanzado en la extensión de derechos y políticas sociales precisamente en favor de las familias.

Lo han hecho estableciendo medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para dignificar a las familias de jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que las familias con menos recursos dispongan de más becas para que sus hijos puedan seguir estudiando...

También en estos cuatro años, nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas.

La fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones ideológicas, morales y religiosas distintas, sin aceptar la imposición de ninguna en particular. En este sentido, en un régimen de libertades, la fe no se legisla. La legitimidad de los valores y de las reglas de la convivencia emana de los principios y procedimientos constitucionales. No hay más legitimidad que la legitimidad constitucional.

Toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.

Guiados por nuestras convicciones democráticas y por nuestra defensa de la libertad individual, los socialistas, no daremos ningún paso atrás: seguiremos trabajando para que los ciudadanos españoles sean más libres y con más derechos, y para que, al mismo tiempo, nuestra convivencia sea cada vez más respetuosa y tolerante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de enero de 2008

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