El PP impone la opacidad en el debate del presupuesto

La sistemática negativa del PP a las enmiendas formuladas por la oposición a los presupuestos de la Generalitat garantiza la opacidad de las cuentas para 2008. La inmensa mayoría de las enmiendas formuladas por los socialistas y los representantes de Compromís en la comisión de Presupuestos que arrancó ayer sus debates intentan acotar, arbitrar o controlar el destino del gasto público, pero sin ningún éxito.

La socialista Cristina Moreno trazó la línea estratégica de su grupo al plantear que se incorporara al articulado de la ley la obligatoriedad de publicar cualquier modificación de crédito en el plazo máximo de diez días en aras de la "transparencia" en la gestión presupuestaria.

José Marí, portavoz de Economía del PP, consideró un ejercicio de "hipocresía" la iniciativa alegando que el Boletín Oficial del Estado solo publica las modificaciones de crédito acordadas por ley o decreto ley, una forma de defender la opacidad tirando balones fuera.

El socialista Antonio Torres, por su parte, subrayó que todos los datos de evolución del empleo reflejan un aumento del paro en la Comunidad Valenciana en cinco trimestres consecutivos. El Inem, por un lado, y la Encuesta de Población Activa, por otro, revelan que la Comunidad Valenciana aporta la mayoría de los nuevos parados que hay en España desde principios de 2007. Torres reclamó que el Servef detalle las empresas beneficiarias de las ayudas previstas para promoción del empleo, o que se dé prioridad en la distribución de las ayudas a las comarcas más afectadas por cierres patronales, para evitar "el uso de los recursos de empleo con criterios partidistas".

Jaime Mundo, diputado del PP, se limitó a replicar que el Servef cumple la ley a la hora de distribuir fondos y que todas las iniciativas formuladas por Torres resultaban innecesarias.

El socialista José Camarasa tropezó con el mismo argumento cuando reclamó una auditoría externa para establecer si se han adoptado las medidas necesarias para evitar que se repitan las inundaciones que sufrió el Palau de les Arts el pasado octubre.

Mundo invocó en este caso el Plan de Acción de Territorial para la Prevención de Inundaciones y argumentó que las medidas que deben adoptarse para evitar daños por inundaciones ya están reguladas y, por lo tanto, carece de sentido acudir a una auditoría externa.