La mirada daltónica
Lamentaba Julio Caro Baroja la inveterada afición de los vascos a ocuparse de la historia ad probandum. Hombre de letras, ignoraba tal vez la superior plasticidad de los datos económicos al servicio de cualquier verdad política que se tercie, con la ventaja añadida de la incuestionable objetividad que los números merecen. En un reciente artículo en estas páginas (La mirada impúdica, 15-XI-2007), José María Ruiz Soroa desarrolla una tesis que le es particularmente querida y que el análisis económico "demuestra": el resultado financiero privilegiado que el Concierto Económico reporta a la Autonomía vasca, al menos en su aplicación real.
En el verano de 2006 Ruiz Soroa y el que suscribe tuvimos la ocasión de polemizar acerca del posible carácter privilegiado del régimen fiscal vasco, que él afirmaba, basándose sobre todo en los saldos de las "balanzas fiscales" elaboradas por distintos especialistas. En esta ocasión, su argumento se soporta en una nueva publicación del Instituto de Estudios Fiscales, según la cual las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en un 3,4% del PIB a costa de las comunidades de territorio común. Tal gorroneo, una violación del principio constitucional de equidad, significa, dice, que "para el País Vasco, la verdadera Europa de los fondos estructurales y de cohesión es... España". Y su origen, añade, parece "bastante obvio: es el coste de la solidaridad interautonómica en que el País Vasco no participa, mientras que el resto de comunidades de territorio común sí la soporta".
Importa más el cuánto total de lo gastado, que el quién lo gaste
Si la equidad ha de ser el punto de partida de la discusión, aceptemos la hipótesis de que, en el límite, un sistema de financiación pública será equitativo cuando el gasto público per cápita sea igual en todas las unidades territoriales que configuran el Estado. Quizás no sea fácil, ni siquiera aconsejable (¿y justo?) formular como objetivo de la acción política tal pretensión, pero admitamos, a efectos dialécticos, que así sea. Retomaré dos puntos que abordé en mi anterior polémica. El primero hace referencia a las balanzas fiscales. Mi posición al respecto es tajante: al margen de las numerosas dificultades metodológicas con que tropieza disponer de una información contable fiable, los saldos de las balanzas fiscales no miden en absoluto el grado de equidad interterritorial, ni un saldo cero generalizado significa una situación de equilibrio deseable. Al contrario, es más que probable que un escenario hipotético de balanzas saldadas encierre ingentes desigualdades en términos de gasto per cápita. De ahí la valoración de algunos expertos: ni el concepto habitual de balanza fiscal es un instrumento válido para discutir sobre la equidad (De la Fuente) ni el equilibrio de las mismas tiene sentido (Monasterio).
El segundo punto tiene que ver con el ámbito del gasto público que ha de abarcar un análisis de la equidad territorial. Mi posición vuelve a ser nítida: cuando en una estructura política descentralizada como la española el gasto público está fragmentado en tres niveles institucionales significativos (estatal, autonómico y local), la mirada mutilada de los recursos per cápita es mucho menos significativa que una visión omnicomprensiva; al fin y al cabo, al ciudadano (y a la equidad) le importa más el cuánto total de lo gastado, que el quién lo gaste.
Y por aquí empieza a derrumbarse el argumento de Ruiz Soroa. Demos por válido ese diferencial del 3,4%, aunque reconozco tener algunas dudas sobre el modo en que se ha tratado la necesaria homogeneización competencial que esta clase de cálculos exigen (a modo de ejemplo, ¿se ha considerado el coste de la estructura hacendística, que las autonomías de régimen común no soportan? Mi impresión es que no). Siendo tales dudas fruto de mi ignorancia, aceptaré que las competencias transferidas al País Vasco están sobrefinanciadas en esa cuantía. Pero ¿qué ocurre con el resto del gasto público? ¿en qué territorio se materializa el gasto de titularidad estatal?, ¿qué porcentaje del total corresponde a suelo vasco? No son preguntas retóricas ni academicistas. En la misma publicación del Instituto de Estudios Fiscales de la que se han tomado los datos de 2002 y que por algún error se atribuyen a 2003 (La financiación del Estado de las Autonomías: perspectivas de futuro), puede leerse también que el gasto público presupuestado para 2003 se desglosaba así: 55% para el Gobierno central, 32% para las comunidades autónomas y 13% para las corporaciones locales. Conviene recordar (y ahora el despiste de Ruiz Soroa es algo más que tipográfico) que, dentro de esa bolsa de gasto no transferido, se encuentran todos los mecanismos explícitos de solidaridad interterritorial, tanto los estatales como los europeos, a cuya financiación Euskadi contribuye con un 6,24% de su importe (porcentaje hoy muy superior al peso relativo de la población vasca sobre el total estatal y también, desde 2002, al PIB relativo).
Me asombra que se emitan juicios de valor, políticos e incluso morales, sin aportar una sola cifra sobre el reparto de la voluminosa bolsa de gasto estatal. Sospecho que no se aporta porque no se posee. Por mi parte, he de decir que carezco del mapa autonómico completo que recoja la distribución total de los recursos públicos; sí dispongo de algún dato fragmentario. Por ejemplo, que en ese ejercicio de 2002 al que las cifras de Ruiz Soroa se refieren, la inversión del Estado presupuestada para el País Vasco representaba un 1,31% del total, o que la presupuestada para 2008 es un 1,56%, lo que equivale a un 2% del total regionalizable. ¿Quién sobrefinancia aquí a quién? En suma, y a falta de la información que se precisa, no tengo más remedio que suspender mi juicio de equidad y trasladar la carga de la prueba a quien afirma.
Precisamente por falta de pruebas, nuestro debate de hace año y pico no ha avanzado un solo milímetro. Así que repito lo que escribí: me parece una osadía política afirmar que el conjunto del gasto público en Euskadi es superior al de territorio común. La nueva mirada lanzada por Ruiz Soroa no cumple los requisitos inquisitivos que la impudicia exige; más bien, es una mirada selectiva que se niega a ver aquella parte cromática de la realidad que pudiera estropear su argumento. Y es que, como decía el mago de Oz, cuando te pones las gafas verdes, lo ves todo de color verde.
