La ofensiva terrorista
La ilegalización de ANV, el grupo para el que Batasuna pidió el voto en las últimas elecciones municipales, concentró ayer la agenda política. Entre declaraciones y cruces de opiniones sobre lo que finalmente sucederá, fue el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, quien lo dejó más claro: las investigaciones que la Fiscalía está llevando a cabo "permanentemente" para determinar si existe alguna relación entre ANV y ETA, que podrían derivar en su ilegalización, "están muy avanzadas".
Mientras continúa la investigación para aclarar en qué circunstancias se produjo el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA el sábado en Capbreton, en el que murió el guardia civil Raúl Centeno, de 24 años, y su compañero Fernando Trapero, de 23, resultó gravemente herido, la autopsia ha revelado que el agente asesinado recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.
La maniobra del PP para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional y conducir al bloqueo a este organismo basándose en una información falsa de El Mundo fue calificada ayer por el propio tribunal como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal".
El Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo resolvió ayer, por nueve votos a cinco, que la acción popular no puede sustentar la acción penal en solitario, si no va acompañada del Ministerio Fiscal o de la acusación particular.
Todo sigue igual. O peor. En 1998, durante el primer juicio por el secuestro de Publio Cordón, el jefe del comando central de los GRAPO, Enrique Cuadra Echeandía, reconoció que en 1995 un comando compuesto por él mismo, José Ortín, Fernando Silva Sande y Concepción González secuestró al empresario zaragozano.
MIGUEL GONZÁLEZ | Madrid
Una marinera pierde su empleo por tener una "personalidad inadecuada"
El fiscal del caso Gescartera, Vicente González Mota, presentó ayer su escrito de acusación definitivo, en el que mantiene la acusación por delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad contra los principales acusados de la trama.
El alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), que desde la noche del pasado domingo se encuentra en prisión por su vinculación con una trama de corrupción urbanística, presentó ayer su baja "cautelar" del PP para evitar que su detención en la Operación Tótem "dañe la imagen" de este partido, según fuentes de esta formación política en la Región de Murcia.