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Más muletas para el cine español

El Congreso consolida hoy con la Ley del Cine el controvertido apoyo a la industria nacional - El modelo proteccionista es paralelo al descrédito general

¿Más muletas para el cine español? El Parlamento consagrará hoy en la Ley del Cine un modelo que protege la industria española, pero que está vinculado a cierto descrédito de las películas subvencionadas. "Las ayudas públicas son un lastre ideológico para nosotros, y lo ideal sería que desaparecieran y que se lograra atraer al cine a los inversores privados", asegura Agustín Díaz Yanes, uno de los grandes cineastas españoles.

Querejeta: "Los poderes políticos se han ocupado muy poco del cine"

Díaz Yanes: "Las ayudas públicas son un lastre ideológico para nosotros"

El pleno del Congreso de los Diputados intentará hoy dar carpetazo a una azarosa y furiosa guerra de intereses entre los sectores de la industria cinematográfica española -productores, directores, exhibidores, distribuidores y operadores televisivos, básicamente-, y cimentar las bases de lo que debería ser el nuevo marco legal del cine español. Un marco que consolidará el muy controvertido principio de la necesidad de ayudas públicas a la producción de películas y que, en virtud de la nueva ley, superarán los 550 millones de euros de aquí a 2013.

Una de las evidencias históricas más paradójicas es que las siglas políticas y las ideologías no han sido determinantes en el tratamiento de las subvenciones. Las actuaciones que en materia de política cinematográfica han protagonizado en los últimos 25 años gestores como Pilar Miró, Carmen Alborch, el propio José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero han sido sucesivos eslabones de una errática reflexión en torno al cine español y sus apoyos públicos.

Una reflexión en la que, como inmarcesible objeto de debate, han estado siempre las subvenciones. Pero el debate no se refiere sólo a la aportación directa de dinero público a la puesta en marcha de proyectos concretos. Lo que está en el centro de la polémica actual es toda una batería de medidas de apoyo al cine: unas, sí, en forma de ayudas automáticas en virtud de los ingresos obtenidos, en una especie de meritocracia de taquilla (las películas que obtienen ingresos superiores de 300.000 euros tienen derecho a ayudas públicas); otras, bajo la fórmula de subvenciones a proyectos de nuevos realizadores o a películas "de especial interés cultural" (sin que tampoco quede claro en los textos legales qué es eso exactamente y cómo se calibra).

En la actualidad, la cifra total de ayudas económicas al cine español procedentes de las arcas públicas puede situarse en torno a los 100 millones de euros al año, si se suman las aportaciones de la Administración central y las de las diferentes comunidades autónomas. Dentro de este capítulo se incluye el dinero que el Ministerio de Cultura suele conceder a las películas que acuden a festivales internacionales.

Pero esa intervención estatal en defensa del cine español no llega sólo en forma de euros contantes y sonantes, sino también en otros formatos. Los dos que más ampollas han levantado y siguen levantando son la cuota de pantalla (obligación para los exhibidores de programar un 25% de cine español y europeo frente al de "terceros países" -eufemismo recurrente para nombrar a Estados Unidos-) y la norma que conmina a las televisiones a invertir un 5% de sus ingresos totales en proyectos españoles y de la UE.

La cuota ha soliviantado tanto al sector de la exhibición que, el pasado 18 de junio, los dueños de los cines englobados en la mayoritaria Federación de Cines de España (FECE) cerrar sus salas por primera vez.

La FECE, aunque se sigue considerando el sector menos presente en la ley, valora positivamente el reconocimiento que la nueva ley hace de la competencia desleal en lugares que no sean salas de cine registradas, así como la inclusión de ayudas derivadas de la obligatoriedad de cumplir la cuota de pantalla. Sin embargo, los exhibidores confían en que esas ayudas se concreten a lo largo del desarrollo reglamentario.

"Es la primera vez que se reconoce la contribución de la exhibición a la diversidad del cine europeo", aseguró ayer Rafael Alvero, director de la FECE, "pero creemos que es necesario que se concrete de una forma más favorable para los intereses de los exhibidores". En el punto en el que no han conseguido nada es en el de la regulación de las ventanas de exhibición -el tiempo que tiene que transcurrir entre el estreno de un filme, su venta a través del DVD, el alquiler y su proyección en las televisiones-.

La segunda gran familia del descontento en lo que a las ayudas estatales al cine se refiere es la de los grandes operadores televisivos. Paolo Vasile, el gran jefe de Tele 5 se muestra así de contundente: "Nuestra opinión es que la situación es injusta y va en contra del mercado y de las empresas modernas".

El desacuerdo más notorio de las televisiones está en la obligatoriedad de invertir un 5% de los ingresos en proyectos de cine europeo, medida adoptada por el Gobierno de José María Aznar y que el actual gabinete no ha cambiado.

En el anteproyecto presentado en diciembre del año pasado por la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, se aumentó a un 6% la obligación de invertir por parte de las televisiones. Ante la guerra desatada por los operadores, el Gobierno decidió dejar la situación como hasta ahora. "Estamos más tranquilos porque es igual que cuando a un enfermo le diagnostican que tiene un cáncer y luego le dicen que es una mera bronconeumonía. La alegría es por tanto enorme", explicó Vasile.

Más allá de la lógica dicotomía entre los modelos económicos y culturales defendidos por PP y PSOE, el tema de las ayudas públicas sigue provocando mares de opiniones encontradas, tanto en la calle como en el seno de la propia industria. Un sondeo realizado el pasado verano por Sigma Dos arrojaba el siguiente dato: respecto a si el Gobierno debe seguir o no subvencionando el cine español con dinero público, un 58% se mostraba partidario de la permanencia de las ayudas, frente a un 35,6% que se declaraba abiertamente enemigo de ellas. Otra encuesta, sin embargo, realizada el pasado junio, revelaba que un 58% de los españoles considera que el cine de producción nacional es "mediocre" o "nada interesante", y que su temática es lo más rechazable. Otro dato curioso en la encuesta de Sigma Dos: casi el 70% reclamaba la posibilidad de dejar constancia, en su declaración de renta, de su decisión de apoyar al cine español con su aportación personal.

Pero al margen de sondeos y estudios sociológicos más o menos fundamentados, es innegable hoy en día que la imagen de un cine subvencionado despierta entre el gran público evidentes reacciones de rechazo. No faltan quienes opinan que, si se da dinero público a los productores de cine, por qué no se hace lo propio con los fabricantes de neumáticos o los productores de patatas fritas. "Bueno, hay que dejar clara una cosa: el cine no es algo imprescindible, no es como la comida, pero una cosa está clara: si se quiere que exista el cine español y no se vaya a la porra, las ayudas públicas son necesarias hoy por hoy", explica el productor, exhibidor y distribuidor Enrique González Macho, propietario de la cadena de cines Renoir.

Agustín Díaz Yanes admite implícitamente la existencia de ese descontento popular: "Es que a menudo, ante la gente llegamos a parecer unos paniaguados". Y defiende la inversión privada que convierte all cine en negocio.

Y esa ha sido y es una de las obsesiones de algunos de los impulsores de la nueva ley, y en concreto de Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), quien asegura tajante: "Lo verdaderamente importante es un sistema de desgravaciones fiscales importante, que atraiga hacia la industria del cine a inversores potentes. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana".

Lo cierto es que fue la mismísima vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien antes del verano, y a instancias de Rodríguez Zapatero, convenció a Pedro Solbes para que diera el deseado "sí" a un nuevo sistema fiscal. Según la nueva ley, todo inversor privado desgravará un 18% de del dinero que meta en proyectos cinematográficos.

Hasta el mismísimo Elías Querejeta, memoria viva de la producción cinematográfica de este país, está de acuerdo en que el papel de la vicepresidenta ha sido decisivo. Aunque remacha desde su proverbial y socarrona lucidez: "La historia del cine es corta, pero en su cortedad, los diferentes poderes políticos de este país se han ocupado muy poquito de él".

Palabra de Querejeta.

Hacia la nueva ley

- Incentivos fiscales. De la inversión que particulares y empresas realicen en proyectos cinematográficos se podrán deducir un 18%.

- Sector independiente. Por primera vez se define y apoya la figura del productor independiente, el distribuidor y exhibidor.

- Televisiones. Los operadores tienen obligación de producir todas sus películas con productores independientes si quieren acceder a las ayudas públicas.

- Exhibidores. Se regulan ayudas, todavía sin concretar, a la exhibición para compensar su cumplimiento de la cuota de pantalla.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de noviembre de 2007

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