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martes, 20 de noviembre de 2007

Los internautas llevan a la SGAE ante el fiscal Anticorrupción

Denuncian que sus directivos se han lucrado mediante sociedades paralelas

La guerra abierta que mantienen los internautas contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), encargada de la gestión de los derechos de autor de los creadores y artistas, se ha trasladado al ámbito judicial. Las dos principales asociaciones de este colectivo -Asociación de Internautas (AI) y Asociación de Usuarios de Internet (AUI)- presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue a la SGAE por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones.

La denuncia señala que directivos de la SGAE han obtenido presuntamente una serie de beneficios económicos a través de la creación de una trama de sociedades limitadas que se financian de los fondos procedentes de la recaudación de derechos de autor, pese a que la SGAE, como entidad de gestión colectiva, está obligada por ley a no ejercer actividades con ánimo de lucro.

A la denuncia se han unido también la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

El texto presentado ante la Fiscalía argumenta que sociedades como Microgénesis y Coqnet, ajenas en apariencia a la SGAE, hayan compartido sede social y directivos con la entidad de gestión, entre los que cita a José Luis Rodríguez Neri, Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo. Microgénesis ha desarrollado para la SGAE el sistema de gestión Teseo; La Central Digital, que comercializa contenidos musicales a través de Internet, y la web de Portal Latino.

"Estas cuentas evidencian la existencia de un entramado societario que no mantiene sólo las dos empresas antes citadas y además, lo hace con fines claramente lucrativos, (prohibido expresamente por ley), en el sentido de que sus socios obtienen una serie de beneficios económicos y comerciales como directivos de aquellas empresas (a costa de la SGAE y la protección legal que nuestro sistema de derecho ofrece a su gestión), sino también, el incumplimiento de otro importante mandato legal: 'El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas' (art. 154.1 de la Ley de Propiedad Intelectual)", dice expresamente el escrito presentado ante la Fiscalía.

"Están invirtiendo las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor en el lucro propio de sus directivos, que si bien no participaron directamente, es evidente que lo favorecieron deliberadamente", señalan los denunciantes.

La denuncia añade que el sistema de recaudación de la sociedad cuyo consejo de dirección preside Teddy Bautista es "injusto" porque grava, por ejemplo, las actuaciones en televisión y las bodas, y se extralimita en la vigencia de los derechos.

Cultura, también culpable

Pero los denunciantes no sólo apuntan a la SGAE. También acusan al Ministerio de Cultura de haber cerrado los ojos ante esta situación pese a las reiteradas denuncias tanto de los colectivos afectados como de las informaciones periodísticas.

"La indudable evidencia de la malversación habida, en la gestión de los recursos económicos de la SGAE, recursos que en ocasiones incluso son, o han sido, recursos públicos (subvenciones y ayudas) (...), nos obliga a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in vigilando del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de asociaciones", señala la denuncia.

Eduardo Bautista, en la sede de la SGAE. / ULY MARTÍN

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