Educación obliga a readmitir a 4 alumnos inhabilitados en Nules

El decreto de derechos y deberes de los alumnos de la Generalitat valenciana indica que, en el caso de que un alumno sea inhabilitado para cursar estudios en un centro, es decir, cuando se decide la expulsión definitiva, la Administración debe facilitar "un puesto escolar en otro centro docente". Sin embargo, la Consejería de Educación ha incumplido esta norma y ha obligado al instituto Gilabert de Centelles de Nules a readmitir a cuatro alumnos que fueron inhabilitados al finalizar el pasado curso escolar.

La dirección del instituto recurre la decisión por vía administrativa

Amenazas, agresiones, actos de indisciplina, insultos, deterioro del material del centro, faltas de respeto... Los cuatro alumnos, de 14 y 15 años de edad, expulsados del IES Gilabert acumulaban toda una serie de faltas que provocaron que el consejo escolar adoptara la decisión de proceder a su expulsión definitiva. La medida se acordó para que fuera ejecutada una vez finalizado el curso y así impedir la interrupción de la escolarización en pleno curso escolar. Pese a que el acuerdo estaba adoptado, aprobado y aceptado por la propia Consejería de Educación, pocos días después de que se iniciara el curso, la dirección del instituto se topó con que la consejería les exigía la readmisión a estos alumnos.

La readmisión de estos alumnos, que ya se ha producido, provocó ayer las protestas de profesores y padres de alumnos.Profesores y padres de alumnos del centro se concentraron ayer en la puerta del instituto de Nules para denunciar la situación. "Tomamos una decisión, no se recurrió y ahora nos desautorizan", criticaba Enrique Sales, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa).

A la hora del recreo, un agente de la Policía Local vigila el centro. En los escasos días en los que los cuatro expulsados han acudido a clase ya se han registrado varios altercados, entre ellos una agresión, según indicaron ayer varios profesores. En cualquier caso, no les consta que exista ninguna denuncia policial. "Tienen miedo", aseguró ayer la madre de uno de los alumnos del centro.

La orden de ofrecer plazas a los expulsados en el IES Gilabert está firmada por el que, el 19 de octubre, era director territorial de Castellón, Francisco Baila, justo el anterior día laboral a su nombramiento como director general de Ordenación y Centros Docentes. La decisión adoptada por la consejería llegó al centro a principios de noviembre, con lo que los niños han estado sin escolarizar en el inicio de curso. El pasado miércoles, se reunió el claustro de profesores para denunciar que la situación creada por Baila "no se ajusta a derecho y supone una clara desautorización al consejo escolar de este centro, y por tanto de toda la comunidad educativa, en su esfuerzo de intentar paliar los graves problemas de convivencia que afectan directamente a los derechos del alumnado y del profesorado del centro".

El problema, según atestiguaron ayer tanto profesores como el propio director del instituto, José Guevara, es que los cuatro alumnos, que ya han vuelto al centro, "sacan pecho". "Hemos quedado desacreditados delante de todos los alumnos, mientras ellos mismos escuchan de sus compañeros que da igual lo que hagan porque no les podemos echar", añade Guevara. "Ahora entran con chulería en la clase y nosotros nos sentimos impotentes", insiste el presidente del Ampa del centro.

Fuentes de la Consejería de Educación indicaron ayer que el motivo porque el que no se ha escolarizado a los niños en otro centro es que en Nules no existe otro instituto de secundaria. Las mismas fuentes precisaron posteriormente que sí existe otro centro, un centro religioso concertado (La Consolación), pero que "no hay plazas libres".

El IES Gilabert tiene más de 1.000 alumnos. No es un centro conflictivo pero los alumnos expulsados "son capaces de reventar cualquier clase", según asegura el director. El instituto tiene en marcha un plan de convivencia, que también fue aprobado por el consejo escolar, con el que pretenden adoptar todas las medidas posibles y disponer de toda la formación con el fin de evitar conflictos y, en el caso de que existan, cómo resolverlos. "Ahora sentimos que hemos perdido toda la autoridad", añade José Guevara. "Sabemos que todos los niños deben estar escolarizados pero exigimos a la Administración soluciones adecuadas para unos alumnos a los que no podemos dar respuesta ya que las necesidades que presentan no son meramente educativas", añade.

Esta, precisamente, es una de las consideraciones que aparecen en el documento que el claustro aprobó el miércoles. En el escrito, los profesores manifiestan también su "impotencia, desánimo y desilusión" por el efecto que "decisiones de este tipo" tienen sobre su trabajo, además de por la "evidente falta de consideración de los responsables de la Administración educativa". "Tanto hacia el profesorado que aquí trabajamos como hacia el alumnado en general, incluidos los cuatro alumnos", subraya.

La dirección del instituto ya ha recurrido la decisión de Educación por la vía administrativa, al considerarla que es "contraria a derecho". En cualquier caso, y pese a los problemas que causan los cuatro alumnos expulsados, han querido dejar patente que su protesta no es tanto hacia la "obligación" de readmitirlos, sino al hecho de que la consejería ha adoptado una medida que, según consideran, "desautoriza claramente al consejo escolar". Por ello, la concentración de ayer fue la primera medida de protesta pero no descartan emprender alguna otra acción con el objeto de que la consejería restituya la autoridad que merece el consejo escolar y la dirección del centro.