Entre 1997 y 2006, la desaparecida Secretaría de Industria y Energía y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Empresa (Cidem) destinaron casi 8,5 millones de euros a una veintena de empresas. Estas firmas, algunas del sector aeronáutico, dedican parte de su actividad a la fabricación de productos y componentes usados por las fuerzas armadas, explicó Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz J. M. Delàs.

Iveco España recibió subvenciones, en ese periodo, por valor de 219.000 euros. Ortega dijo que la empresa fabrica los blindados Centauro y el remolque de transporte del obús de 155 milímetros para el Ministerio de Defensa. Un portavoz de la compañía dijo ayer que ésta "no tiene nada de militar" y que, al menos en su sede de Barcelona, sólo desarrolla motores de propulsión con gas.

La empresa Indra, de electrónica y sistemas de navegación y alta tecnología, participa "en la mayoría de grandes proyectos armamentísticos españoles y europeos", expuso Ortega. De la Generalitat ha recibido un millón de euros. Defensa le adjudicó, por ejemplo, un contrato, por valor de 14,37 millones de euros, para fabricar aviones no tripulados con destino a Afganistán.

El informe señala a otras empresas. Entre ellas, Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA, que suministra material de defensa -en concreto, fabrica paracaídas-; e Indústries Puigjaner, que abastece al grupo europeo de aeronáutica EADS del depósito exterior del avión de combate europeo EF-2000.

En casi todos los casos, admitió Ortega, la relación de estas empresas con el sector del armamento es indirecta. En el sentido de que no fabrican pistolas o fusiles, sino otros productos para las fuerzas armadas. Un portavoz del Departamento de Innovación rechazó tajantemente que el Gobierno catalán promocione, directa o indirectamente, la industria del armamento. "Es como si damos ayuda a una empresa textil y ésta acaba haciendo ropa para soldados", justificó un portavoz del departamento.