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El Gobierno recurre al Constitucional la ley de forestales de Aguirre

El Ejecutivo cuestiona que se exija autorización judicial a los guardas para acceder a las fincas

Aunque ya lo anunció el pasado julio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Comunidad de Madrid, la primera aprobada este verano por el equipo de gobierno de Esperanza Aguirre en su segundo mandato. Esta es la norma que, entre otras cosas, impide a los agentes forestales entrar en fincas privadas sin mandato judicial.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció tras el Consejo de Ministros que el recurso impugna el artículo 9 de dicha norma. Según éste, los agentes forestales requieren de "autorización judicial para acceder a los montes o terrenos forestales de titularidad privada", salvo cuando haya un incendio.

El Gobierno de Zapatero considera que este artículo vulnera la competencia del Estado para establecer la legislación básica en materia de protección del medio ambiente, de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. También invade, según argumenta el recurso, la competencia en materia de Administración de Justicia "al atribuir a los jueces y tribunales funciones jurisdiccionales no incluidas actualmente en la normativa estatal". Se refiere a que los jueces no tendrían por qué otorgar esas autorizaciones para entrar en las fincas privadas, mientras no lo establezca así una ley estatal.

De hecho, ya existen dos autos judiciales que reconocen la falta de competencia para autorizar a los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados. Los guardas forestales de la región han cifrado en 8.000 las autorizaciones judiciales necesarias para hacer su labor habitual. Hasta la fecha sólo se ha tramitado un centenar.

Según el recurso, la ley también contradice la Ley de Montes estatal, que asigna a los agentes forestales la condición de agentes de la autoridad y de policía administrativa federal.

Este recurso del Gobierno central sigue las tesis defendidas por la ministra Cristina Narbona en julio pasado. Sin embargo, no menciona que exista invasión de las competencias del Ministerio de Vivienda, como aseguró este verano la ministra Carme Chacón, que anunció que recurriría la ley de Aguirre por entrar en conflicto con la Ley del Suelo.

La normativa regional establece un máximo de cuatro alturas para las construcciones de los nuevos barrios y, entre otras materias urbanísticas, suprime los agentes urbanizadores y los convenios entre ayuntamientos y promotores anteriores a la aprobación de los planes urbanísticos.

Ayer, el Gobierno regional no quiso hacer valoraciones sobre el recurso. La ley de Aguirre ha sido objeto de polémica durante los cinco primeros meses de gobierno. Fue tramitada por la vía de urgencia, en sólo dos plenos, y sin previa discusión en comisión, durante julio, tradicionalmente inhábil en la Asamblea de Madrid. Apenas hubo debate. Para ello, Aguirre contaba en la Cámara regional con la mayoría de los 67 diputados del PP.

Desde entonces, ha provocado diversas movilizaciones de los agentes forestales. El pasado 10 de octubre, representantes sindicales de estos trabajadores entregaron un escrito al Parlamento Europeo, en Bruselas, en el que denuncian que la ley vulnera las leyes europeas de protección medioambiental. Además, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia, Emilio Valero, alertó en septiembre de que, al no poder entrar los agentes a inspeccionar las fincas, han aumentado los cebos envenenados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de octubre de 2007