El PP de Calp condonó 269.000 euros al promotor de un polígono industrial
El agente urbanizador es el mismo que construye un hotel a seis metros del mar
El PP de Calp, en el Gobierno municipal en la pasada legislatura, perdonó al empresario al que le adjudicó la urbanización del polígono industrial Pou Roig la fianza económica que marca la ley para estos proyectos, y que superaría los 269.000 euros. En el expediente del Ayuntamiento sobre el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, no consta la preceptiva fianza. El promotor es el mismo que construye un hotel a seis metros del mar en Calp, cuyas obras el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que se paralicen al considerarlo ilegal.
La extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), vigente en el momento de la adjudicación, marcaba en su artículo 29.8 la constitución de una fianza en los proyectos de urbanización con el fin de garantizar "que todo programa asegure el cumplimiento de sus previsiones". Según esta ley, por tanto, las promotoras Ifach mar, SL, y Cala Ifach, SL, ambas propiedad de Manuel Ferrando, debían haber formalizado un depósito por un importe del 7% del coste de la urbanización previsto para el desarrollo del polígono industrial calpino. El importe total del proyecto queda reflejado en el expediente municipal y supera los 6,5 millones de euros, por lo que la fianza que debería tener depositada el consistorio superaría los 269.000 euros o en su caso, la presentación de aval bancario. Fuentes legales subrayan que esta forma de actuación supone una "irregularidad" en el procedimiento. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión sobre este tema del promotor Manuel Ferrando y del Grupo Popular de Calp.
El actual equipo de Gobierno, del PSPV, desconocía hasta estos días la ausencia de fianza, sobre todo porque los técnicos municipales no habían señalado ninguna irregularidad en dicho expediente. Ahora, el alcalde, Luis Serna, pretende seguir adelante con el polígono industrial, al considerarlo "imprescindible para el motor económico de Calp este proyecto", aunque intentará reiniciar el expediente debido a las numerosas deficiencias que contempla, expone Serna. Esta vez, el expediente se tramitaría conforme a la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).
No es la primera vez que el Grupo Popular calpino desoye la ley con respecto al polígono industrial. El pasado abril, el todavía alcalde Javier Morató sacó a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial, que tenía paralizado desde hacía diez años. El proyecto que presentaba el PP ignoraba una sentencia del TSJ de 2002 contra el Consistorio en la que se indicaba que el proyecto que debía ejecutarse era otro diferente al que exponía el grupo de Gobierno. Este nuevo proyecto, que no había pasado el trámite de concurso público, corregía el trazado al que obligaba la sentencia del TSJ, según técnicos municipales. En concreto, señalan, "había viales desplazados del trazado original y diversas consideraciones que no tenían justificación para haber sido modificadas".
Una polémica de diez años
La polémica del polígono industrial Pou Roig arrancó hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el futuro polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo.
Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, validó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Los propietarios que tomaron esta iniciativa denunciaban que el alcalde "había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera".
Fue en ese momento cuando el promotor Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde inicialmente, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento para quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial.
El proyecto, sin embargo, siguió aparcado hasta un mes antes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, cuando el PP sacó a exposición pública el proyecto de polígono industrial modificado, desoyendo el pronunciamiento del TSJ.
