La lucha contra el terrorismo
El Ministerio del Interior va a aumentar su presión sobre la cúpula de Batasuna para impedir que se reorganice y apoye las acciones violentas de ETA. Las detenciones que la Comisaría General de Información materializó el jueves por la noche en Segura (Guipúzcoa), responden a la pretensión de impedir la continuación de las actividades orgánicas de la formación ilegalizada.
La detención de 23 dirigentes de la organización ilegal Batasuna desató ayer la indignación de todo el nacionalismo vasco y navarro, que ve detrás de la operación la mano del Gobierno.
M. A. | Madrid
La detención de la cúpula de Batasuna llega tras 10 años de procesos que desactivaron las organizaciones del entorno de ETA
El apoyo institucional a las víctimas
El contexto, marcado por los nuevos planes del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y por las detenciones de dirigentes de Batasuna, no impidió ayer el consenso en el Parlamento vasco en torno a las víctimas del terrorismo.
La decisión del BNG de sumarse a la Ley de Memoria Histórica supuso ayer un paso más a favor de un pacto mayoritario en torno a esta norma. CiU y PNV reclamaban su concurso para ampliar la presencia del nacionalismo ante la ya segura ausencia de Esquerra.
La furibunda crítica al Gobierno socialista del ex presidente José María Aznar durante la presentación de un libro de la editorial FAES tuvo ayer su cuota de protagonismo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, criticó "el exceso, la insolencia y la falta de rigor" de las declaraciones de Aznar.
El rey Juan Carlos será galardonado con la Alta Distinción de la Generalitat valenciana por su condición de "protagonista indiscutible de la recuperación de la democracia en la nación española y clave en su conformación como Monarquía parlamentaria".
PAOLA OBELLEIRO | A Coruña
La familia del dictador invoca la Carta Magna para oponerse al propósito de la Xunta de inspeccionar el Pazo de Meirás
El Gobierno pretende "rescatar concesiones" y aplicar expropiaciones y derribos a lo largo de 1.000 kilómetros del Mediterráneo para "garantizar el acceso del uso público" del litoral.