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La política económica del Gobierno

El enfado de Solbes

El responsable de Economía y Hacienda ejerce de vicepresidente como nunca en esta legislatura

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se ha erigido en un dique de contención al uso desordenado del superávit de las finanzas españolas en la recta final de las elecciones generales del próximo mes de marzo. "Solbes no está contra la devolución a la sociedad de los esfuerzos realizados, pero es más consciente que nadie de que hay una nueva situación derivada de la crisis hipotecaria y crediticia en Estados Unidos y en el mundo", dice uno de sus colaboradores. Los socialistas quieren cierta "alegría en gastos sociales después de haber mantenido durante tres años y medio una política de responsabilidad macroeconómica". La alegría "justa" como para asegurarse de que ganarán las elecciones.

Pedro Solbes está cabreado y la procesión que en este hombre suele ir por dentro comienza a aflorar. ¿Por qué está cabreado el ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo? Sus amigos niegan que el enfado tenga que ver con su negativa a soltar pasta para financiar las concesiones sociales con las que el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aspira garantizar la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el domingo 2 de marzo, fecha que, por el Consejo Europeo convocado para esos días, suena como la más probable de los comicios.

Aún hoy no cree que dar 2.500 euros por hijo sea la mejor forma de fomentar la natalidad

Solbes ya vivió en 1985, con Boyer de ministro, un periodo parecido de presiones del PSOE

"Para la superortodoxia ya está la derecha; hacen falta alegrías sociales", dice un diputado

"España puede salir beneficiada de la crisis, porque es difícil que los tipos sigan subiendo"

Entonces, ¿cuál es la razón de su malestar? Ésta: en la fase de mayor vulnerabilidad económica potencial de toda la legislatura, a raíz de los problemas hipotecarios y crediticios originados en Estados Unidos, conviene tener cuidado con lo que se dice y con lo que hace en materia económica y social. Si Francisco de Goya hubiese tenido la posibilidad de tomar a Solbes como modelo en las actuales circunstancias, fácil es que lo retratase con un mohín o más bien una grieta profunda de insatisfacción... Y, a corta distancia, fuera de la penumbra, una hucha a buen recaudo.

En el verano de 1985, hace ahora 22 años, Solbes era secretario general técnico del Ministerio de Economía y Hacienda. Por esas fechas, el ministro Miguel Boyer llevaba tiempo apelando al arbitraje de Felipe González frente a los embates del aparato del PSOE, bajo control de quien entonces se definía como oyente en el Gobierno, el vicepresidente único Alfonso Guerra. Cansado del sistema de arbitraje, Boyer exigió unir a su cargo de ministro el de vicepresidente. González llegó a prometérselo, pero toparse entonces con Guerra era poco menos que hacerlo con la Iglesia. Boyer, enredado en una relación sentimental, perdió la paciencia y se largó.

Aquellas rabietas tuvieron lugar a un año de las elecciones generales, que se celebrarían el 22 de junio de 1986. Mira por dónde, el paralelismo es asombroso. El pasado mes de junio, a algo menos de un año de las próximas elecciones, Solbes comenzó a revivir aquella vieja historia que a él le tocó seguir entonces desde la barrera, como secretario general técnico de Boyer. Ahora, en cambio, ya no desde la barrera sino en directo. ¡Y no como oyente sino cómo ministro- vicepresidente segundo!

"No es verdad como se ha dicho que Solbes desconocía el proyecto de otorgar 2.500 euros a cada familia que tenga un nuevo hijo. Nos reunimos varias veces desde la semana anterior al debate sobre el estado de la nación [4 de julio de 2007] y durante el fin de semana anterior estudiamos cifras y alternativas", explica a EL PAÍS Jesús Caldera, ministro de Trabajo. "Nosotros queríamos abonar directamente el dinero, el Ministerio de Economía ofreció hacerlo vía fiscal. En todo momento hubo juego limpio. He trabajado mano a mano y sin problemas con Solbes durante estos tres años y medio", añade el promotor de los 2.500 euros y coordinador del programa del PSOE para las elecciones de 2007. La iniciativa ya había sido propuesta por el PSOE en la oposición, en 2002, y hasta el partido Popular la enarboló en 2004.

Los colaboradores de Solbes no objetan esta versión de los hechos. "La semana anterior al debate estudiamos diferentes aspectos sobre la propuesta a anunciar durante el debate. Y es verdad que el fin de semana previo los equipos se reunieron largas horas. Solbes pensaba que el coste estimado [1.200 millones de euros] era excesivo para los resultados y que podían contemplarse medidas más eficaces si se trataba de fomentar la natalidad", señala una fuente del Ministerio de Economía y Hacienda a este periódico. "El presidente del Gobierno veía con buenos ojos la idea de pagar directamente el dinero a los ciudadanos y sugirió a Solbes que se articulara técnicamente la medida", recuerda. Solbes, empero, sigue pensando y lo hace en voz alta. No ha sido, estima, la mejor decisión para fomentar la natalidad.

Pero fue el pasado 5 de septiembre cuando al ministro-vicepresidente se le cruzaron los cables. Había estado leyendo un informe de coyuntura sobre el impacto de la crisis hipotecaria norteamericana en Europa, sin dejar de tener en mente las cifras de paro en España del mes de agosto, que marcaron la ruptura de una racha espectacular de subidas continuadas del empleo. Un mes, y menos agosto, no permite extraer conclusiones. Pero en la nueva situación mundial había más razones que nunca para estar alerta. Esa misma mañana conoció por el periódico la noticia (EL PAÍS, miércoles 5 de septiembre) de que la Junta de Andalucía había presentado un anteproyecto de ley para reconocer el derecho a la vivienda de los ciudadanos empadronados con salarios inferiores a 3.000 euros en dicha comunidad autónoma. Y hete aquí que el día anterior, martes 4, el Ministerio de Industria había remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta de orden para congelar las tarifas eléctricas, en aplicación de la promesa del presidente en el Congreso, durante una sesión del mes de junio, según la cual los hogares no sufrirían aumentos por encima del índice de precios al consumo (IPC), en el orden del 2,3%. La decisión era coherente con la congelación resuelta en junio para la revisión trimestral para 23 millones de clientes con uso de potencias inferiores a 10 kilovatios, medida que tanto el ministro de Industria, Joan Clos, como el propio Solbes habían desaconsejado.

Poco después, esa mañana, en una entrevista con la Cadena SER, el periodista Carles Francino le preguntaba si había cambiado el ciclo económico. En mangas de camisa y corbata, con rostro serio dijo:

-"Hace sólo un par de meses, todos veíamos un año 2007 terminando estupendamente y un año 2008 con un nivel de crecimiento alto. Ahora tenemos muchas más incertidumbres que hace un par de meses en términos mundiales, en términos europeos pero también en términos españoles".

En este nuevo contexto, al opinar sobre una materia que no es de su competencia, la del anteproyecto andaluz de acceso a la vivienda, Solbes llamó la atención sobre los costes de las medidas. "No soy partidario de grandes leyes que den reconocimientos de derechos para toda la vida", apuntó. Un colaborador del ministro-vicepresidente señala: "Solbes expresó su opinión personal. Leyó la noticia y, dado que el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas para apoyar el acceso a la vivienda, le pareció que no hay que arriesgarse en materia de derechos universales". El presidente andaluz, Manuel Chaves, habló con Solbes, quien le explicó que sólo había dado su opinión ante una noticia de prensa.

Cuando aún quedaban rescoldos del debate, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, hizo público el proyecto de extender a nivel nacional la atención bucodental gratuita que actualmente prestan cuatro comunidades autónomas (Valencia, País Vasco, Andalucía y Aragón) a niños entre 7 y 15 años. El 11 de septiembre, Solbes salió al quite señalando que la iniciativa le planteaba un problema presupuestario, ya que no estaba previsto y, sobre todo, supondría entrar en un terreno que era competencia de las comunidades autónomas.

"El ministro de Sanidad se lo comentó a Solbes. Pero no llegaron a un acuerdo ni mucho menos. Había que trabajar la propuesta antes de darla como un hecho prácticamente consumado", dijo un colaborador del ministro-vicepresidente. A continuación, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que la atención bucodental sería extendida a todo el territorio nacional -está incluida en el programa electoral socialista de 2004- aunque para ello haya que encontrar la fórmula técnica más apropiada.

"Estos días, da la impresión de que el Gobierno está por librar unas elecciones municipales, no generales, es decir, que se siente obligado a prometer cosas, cubrir algunos baches, arreglar las farolas, cosas que se pretende movilizarán a los ciudadanos para que voten", estima un alto cargo socialista que prefiere mantener su nombre en reserva. "No es bueno. Y, en cierto modo, puede favorecer al PP porque la demagogia resta confianza en la acción de Gobierno cuando se está en un entorno más difícil que el que había conocido España en los últimos tres años y medio. Hay que mantener el prestigio de la política económica con un perfil de gran solidez", enfatiza.

Tal razonamiento choca, empero, con la segunda alma o alma paralela que anida entre los socialistas. "Hemos sido muy responsables y aseados en nuestra política macroeconómica. Que nos dejen ahora ser un poco más alegres en política social. Para la política superortodoxa está la derecha de este país, que ya pedirá recortes. Las empresas están ganando más dinero que nunca. Tenemos un superávit fiscal considerable. Seamos algo menos responsables", ironizó un diputado socialista consultado.

"Es cierto que tenemos una buena situación fiscal. El dato de paro de agosto ha sido malo pero no le siguen otros datos preocupantes, como podrían ser los ingresos. En el mes de agosto, las retenciones a cuenta del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) han continuado creciendo a buen ritmo, lo mismo que la recaudación por el impuesto de sociedades. Y, por tanto, hay margen para estudiar cómo se devuelve a la sociedad el esfuerzo que ésta hace. Solbes tiene las puertas abiertas. El tema es cómo se lleva adelante este proceso", dijo el colaborador del ministro-vicepresidente.

Quizá ahí está el problema. Los políticos no llegan a comprender en qué consiste mantener el margen de maniobra que posee España.

"El Gobierno español tiene varias opciones fiscales. La política fiscal puede convertirse en abiertamente expansiva si la desaceleración amenaza con situar la tasa de crecimiento por debajo del 3% en 2008", explicó a EL PAÍS Eric Chaney, responsable de análisis económico de Morgan Stanley en Londres. "Tenga en cuenta un hecho paradójico. España puede beneficiarse de la crisis financiera actual. Razonemos. ¿Cuál era la principal amenaza para las familias españolas muy endeudadas y las compañías con mayor endeudamiento exterior que interior? El endurecimiento de la política monetaria europea, esto es, nuevas subidas de tipos. Nosotros estimamos que ahora será improbable que este endurecimiento siga adelante, al menos en el corto plazo", explicó Chaney. La próxima semana, la Reserva Federal de EE UU dará alguna pista al respecto.

Está claro. El margen está prevenir una situación. También para dar algunas alegrías. Pero el Gobierno, estos días, se parece más al ejército de Pancho Villa que al equipo que ha conseguido durante tres años y medio los excelentes resultados que permitirán a este país enfrentar con éxito la crisis financiera y crediticia internacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de septiembre de 2007