El Tribunal de Cuentas reprocha las ayudas públicas al Euskaltel
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha censurado en su último informe las subvenciones concedidas por el Gobierno y las diputaciones vizcaína y guipuzcoana a la Fundación Ciclista Euskadi, que gestiona el equipo Euskaltel, por no definir sus contraprestaciones al apoyo económico que se le presta. El órgano fiscalizador también ha cuestionado en los últimos años estos procedimientos de subvenciones públicas a otras entidades deportivas, como el Athletic, la Real Sociedad y el Alavés, porque bajo la fórmula de contratos de patrocinio y subvenciones corrientes se escondían ayudas directas para aliviar la complicada situación financiera de los equipos.
En el caso de la Fundación Ciclista Euskadi, el tribunal constata en su informe, relativo a los ejercicios 2004 y 2005, que aquella ha recibido una partida global de 5,8 millones del Gobierno, las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Durango. La práctica totalidad de ese dinero (5,4 millones) se destinó al equipo Euskaltel y los 400.000 euros restantes, a otras actividades de la fundación.
La financiación del Ejecutivo se canalizó a través de contratos de patrocinio, mientras que las dos diputaciones recurrieron a las subvenciones corrientes. El informe del Tribunal de Cuentas señala que las tres instituciones aportan una cantidad similar, 900.000 euros anuales, "lo cual no parece fruto de la casualidad, sino de una actuación coordinada". El texto agrega que esta unidad de acción no figura en las obligaciones exigidas a la Fundación Ciclista, ya que "se obvia que promocionando el turismo [una de las contrapartidas por la aportación económica] en Euskadi ya se está promocionando el de Vizcaya y Guipúzcoa".
Prestaciones "genéricas"
El órgano auditor indica que las prestaciones de la Fundación Ciclista hacia el Gobierno, en los contratos para promocionar el turismo y el sector primario, "son genéricas y su intención publicitaria resulta difusa". Agrega que falta una valoración de las prestaciones de la entidad "que permita determinar la equivalencia de las contraprestaciones".
Sobre las subvenciones de las dos diputaciones, considera que no se definen las obligaciones sobre la colaboración publicitaria. En el caso de Vizcaya, señala que debió acreditar "las circunstancias excepcionales" para no aplicar los principios de publicidad y concurrencia.
El Gobierno replica en sus alegaciones al informe que el tribunal hace "una apreciación parcial" y que resulta difícil valorar el impacto de las campañas. La Diputación de Vizcaya asegura que no se ha concedido una subvención, sino que se trata de un convenio de colaboración y que la fundación ha cumplido la "obligación principal" de que aparezca la imagen de Vizcaya. La Diputación guipuzcoana mantiene un planteamiento similar al considerar que ha cumplido sus obligaciones.
