La CIG traslada a la fiscalía el informe del Consello de Contas sobre la gestión de la Cidade da Cultura
Representantes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en la Administración autonómica entregarán mañana en la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el informe del Consello de Contas que revela múltiples irregularidades cometidas por la Xunta del PP en la gestión de la Cidade da Cultura. Los sindicalistas pedirán al ministerio público que exija responsabilidades a los ex dirigentes del Gobierno autónomo porque "sus acciones fueron determinantes para la malversación y despilfarro de fondos del erario público".
La iniciativa de la CIG es la primera para trasladar al ámbito judicial el rosario de anomalías descubiertas por el Consello de Contas en diversos departamentos de la Administración gallega, especialmente en la Fundación Cidade da Cultura y en la Consellería de Cultura que dirigía Jesús Pérez Varela. El informe del organismo auditor, hecho público hace dos semanas y que se refiere al ejercicio de 2004, acusa al Gobierno de Manuel Fraga de "abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos" destinados a la construcción del monumental complejo arquitectónico en el monte Gaiás de Santiago.
Las conclusiones del Consello de Contas también han permitido conocer que el auditor de la Cidade da Cultura, la firma compostelana Auditores Asociados de Galicia, está vinculado empresarialmente a José María Sánchez González, ex secretario general de la Consellería de Cultura con Jesús Pérez Varela. Audirores Asociados fue además la encargada de buscar patrocinios publicitarios para el Xacobeo 2004, dependiente de Cultura, contrato por el que cobró, según Contas, un sobreprecio de 4 millones de euros.
La CIG recuerda que ya en 2004 se había dirigido al Consello de Contas para que "fiscalizara y paralizara de inmediato las obras" de la Cidade por ser "un atentado contra los intereses generales". En aquel momento, subraya el sindicato nacionalista, ya se había duplicado el presupuesto previsto inicialmente, 120 millones de euros. El organismo fiscalizador constata ahora que esa previsión presupuestaria ha acabado triplicándose, hasta alcanzar los 370 millones de euros.
Los representantes de la CIG en la Administración instan a la fiscalía a que investigue, entre otras cosas, los honorarios percibidos por el arquitecto del complejo, el estadounidense Peter Eisenman, las cantidades cobradas por las empresas contratistas y subcontratistas y el proceso de selección de personal para la Cidade (una de sus empleadas es la esposa del auditor que revisaba la cuentas por encargo de la consellería). La CIG también reclama explicaciones parlamentarias de la actual conselleira de Cultura, la nacionalista Ánxela Bugallo.
