Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Las empresas españolas podrán trabajar en el canal de Panamá

España suaviza la clasificación del país centroamericano como paraíso fiscal

España y Panamá han alcanzado un acuerdo para desbloquear la participación de empresas españolas en los planes de ampliación del canal. El acuerdo ha quedado reflejado en un memorándum que excluye de la clasificación de paraíso fiscal, impuesta por la OCDE al país centroamericano, a determinadas rentas que se someterán a intercambio de información. Panamá no adjudica obras a países que le aplican esa clasificación.

El procedimiento ideado para hacer compatible el compromiso del Gobierno con la transparencia fiscal y la lucha contra el blanqueo de dinero negro con el deseo de las empresas de aprovechar las oportunidades en un país boyante, marcado por la evasión y el narcotráfico, consiste en establecer un régimen de excepción en torno al dinero de las empresas que, para evitar la doble imposición, se sometan a un régimen de información e inspección. Las reservas se mantienen, en cambio, con respecto al resto de la actividad financiera.

El acuerdo, que deberá ser desarrollado en un convenio y aprobado por el Parlamento, arranca precisamente del intercambio de información sobre "los intereses, dividendos y cánones que las empresas españolas puedan retornar a España", a fin de que queden exentos de la obligación de tributar en Panamá. Dado que las partes no habían firmado ningún acuerdo de doble imposición, esto no ocurría hasta ahora. Según el acuerdo, "la aplicación del intercambio de información será efectiva desde el día siguiente a la entrada en vigor del convenio".

El siguiente paso del compromiso es que, desde la entrada en vigor de ese convenio, "Panamá dejará de tener la consideración de paraíso fiscal en relación a las rentas sobre las que se acuerde el intercambio efectivo de información". El compromiso establece finalmente que "Panamá garantiza que, bajo las premisas anteriores, y desde el momento en que entre en vigor el convenio, a las empresas españolas no les será aplicable la Ley de Retorsión". Se trata de la norma por la que un país que siga el criterio de la OCDE -y trate a Panamá como paraíso fiscal- puede ser excluido de las licitaciones.

Según David Taguas, director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, que ha llevado el peso de las negociaciones iniciadas hace meses, este compromiso resuelve todos los problemas y abre el camino para que las constructoras españolas accedan a la tarta de 3.628 millones de euros que, según está previsto, se invertirán en la construcción de una tercera vía del canal de Panamá.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de julio de 2007