La Consellería de Medio Ambiente dio ayer un ultimátum a los ayuntamientos de Ferrol y Sanxenxo para que anulen en el plazo de un mes los acuerdos plenarios que sustentan dos actuaciones urbanísticas controvertidas: la urbanización de la fraga de Menáncara, de 69 chalés, y el plan de desarrollo de Montalvo, de 40, que impulsa el municipio pontevedrés.

De lo contrario, la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, prevé iniciar a acciones jurídicas contra ambos municipios, ya que según expone el departamento autonómico, los dos ayuntamientos aprobaron de forma definitiva sus respectivos planes para la construcción de nuevas viviendas pocos días antes de los comicios municipales de mayo, y obviando el proceso de evaluación ambiental que exige la ley.

El alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, se apresuró ayer en asegurar que el gobierno local acatará de inmediato la petición de la Xunta. La nueva corporación ferrolana, formada por la coalición PSdeG-Izquierda Unida, tiene previsto convocar un pleno extraordinario en los próximos días para revocar el acuerdo plenario que sustenta la urbanización Menáncara, que fue aprobado en abril por el gobierno popular de Juan Juncal pese a los tres informes en contra que remitió la Xunta al municipio ferrolano desaconsejando esa intervención. La constructora Bros Noroeste planeaba edificar adosados sobre una fraga centenaria en unos terrenos propiedad de Juan Fernández, ex teniente de alcalde de la ciudad.