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Reportaje:

Parálisis en el gobierno de los jueces

El Poder Judicial en funciones ralentiza sus trabajos y baja el tono crítico contra el Gobierno ocho meses después de que acabara su mandato

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha echado el freno. A punto de cumplirse ocho meses desde que finalizó su mandato, su actividad se ha ralentizado y ha dejado de copar titulares críticos hacia cualquier iniciativa del Ejecutivo. Desde que el órgano de gobierno de los jueces actúa en funciones, sus sesiones plenarias se han distanciado en el tiempo y en ellas no se suelen abordar asuntos de gran trascendencia política, sino más bien cuestiones administrativas de trámite. Los nombramientos más importantes, que obligan a conservadores y progresistas a ponerse de acuerdo al necesitar un quórum de tres quintos, han quedado aparcados a la espera de la renovación. "El Consejo está muerto", admiten algunos vocales que preparan las maletas mientras PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo.

El Consejo saliente es, por ahora, el segundo más prorrogado de la democracia

La marcha del vocal conservador Enrique Míguez por jubilación (que redujo considerablemente el control absoluto del órgano de los consejeros propuestos por el PP), el escándalo por la alteración de la Sala del 61 (la que ilegalizó Batasuna y anuló algunas de las candidaturas de ANV antes de las elecciones municipales del 27-M) y la reticencia a hipotecar el futuro Consejo que salga del proceso de renovación son algunas de las razones que han provocado esta desaceleración, aunque el portavoz del órgano, el conservador Enrique López, no deja de repetir que los vocales siguen actuando "con plena legalidad y legitimidad".

Una de las señales de este declive final son sus plenos. La primera decisión que se tomó tras finalizar el mandato el pasado noviembre fue la de reducir su frecuencia. Las sesiones se programan desde entonces cada tres semanas, en lugar de cada dos como se hizo durante los cinco años del periodo regular, y en ellas ya no se discuten asuntos de gran calado que hayan polarizado a las dos sensibilidades. Se acabaron esos plenos interminables trufados de enfrentamientos que se prolongaban por la tarde. El último, celebrado la pasada semana, duró unas dos horas. Hora y cuarto el anterior. Y el previo a este último, apenas tres cuartos de hora.

La excepción fue el del pasado 28 de marzo, cuando los vocales tuvieron que corregir la maniobra del presidente, Francisco José Hernando, que alteró la composición de la Sala que juzgó a Batasuna dando entrada a Antonio Salas, propuesto por los conservadores, en lugar de a Encarnación Roca, de perfil catalanista y progresista, a pesar de que, según las normas del escalafón judicial, correspondía el puesto a esta última. La presentación por la izquierda abertzale, a sólo dos meses del 27-M, del nuevo partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB, cuya inscripción en el registro se denegó finalmente) obligó al Consejo a apresurarse a rectificar aquella decisión de Hernando.

Previamente, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había expresado ante la Comisión de Justicia del Congreso su "honda preocupación" por la alteración de la composición de la Sala. El ministro encargó un informe a la Abogacía del Estado que concluyó que el tribunal se había constituido de forma "defectuosa e irregular", lo que podría provocar "graves consecuencias" en caso de que se invocara en un proceso de ilegalización de partidos. A ello se sumó el propio Antonio Salas, que solicitó al Consejo que se corrigiera el escalafón lo más rápidamente posible. El pleno rectificó la composición de la Sala Especial el pasado 28 de marzo dejando en evidencia a Hernando, quien, según los servicios técnicos del Consejo, había ordenado maniobra.

Otra de las causas de esta distensión es la desaceleración de la iniciativa legislativa del Gobierno. "Estamos llegando al final de la legislatura, con lo que es normal que no se emprendan grandes reformas a largo plazo", explica el vocal a propuesta del PSOE Luis Aguiar. La práctica ausencia de nuevos proyectos de ley ha privado a los conservadores de uno de sus mejores foros de oposición: la comisión de estudios. Mediante sus informes, este órgano se consolidó durante el mandato como una de las mejores tribunas críticas con Ejecutivo. Tan buena que, en ocasiones, sus argumentos servían a los parlamentarios del PP en los debates del Congreso y el Senado.

Estudios de esta comisión fueron los que compararon el matrimonio homosexual con la zoofilia o la poligamia, cargaron contra el nuevo Estatuto catalán o se pronunciaron en contra de la despenalización de la clonación terapéutica, fundamental para avanzar en la investigación con células madre. Sin embargo, en los últimos ocho meses, el único informe polémico aprobado fue el del nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil, que pretendía excluir a los agentes del Código Penal Militar, algo que fue tildado de inconstitucional en el informe elaborado por Adolfo Prego, propuesto por el PP. El que pidió que las entidades de adopción internacional tuvieran derecho a la objeción de conciencia en caso de que los adoptantes fueran homosexuales, redactado por el conservador José Luis Requero, fue modificado en el pleno para retirar precisamente esa sugerencia, que escandalizó a los vocales progresistas.

Esta sensación de saldo, de final de ciclo, que acrecienta los continuos rumores sobre la renovación, afecta también a los nombramientos. Quedan por designar cinco cargos del Supremo y los presidentes de los TSJ de Galicia y Madrid. Utilizando palabras del portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, el presidente, Francisco José Hernando, culpó al Gobierno del parón en las designaciones por la reforma de finales de 2004 que obligó a elegir esos puestos por mayoría de tres quintos. "En pleno partido se cambiaron las reglas de juego", afirmó Hernando tras recordar que antes "se nombraba de común acuerdo".

De los 20 nombramientos del Supremo que se eligieron por esta vía antes de la reforma, 14 fueron propuestos por los conservadores. De los 20 posteriores, sólo 10 fueron apoyados por éstos, ocho por los progresistas y dos por consenso. Los vocales progresistas son partidarios de que sean sus sustitutos los que aborden las nuevas designaciones.

El Consejo saliente es, por ahora, el segundo más prorrogado de la democracia, sólo por detrás del que presidió Pascual Sala (1990-1996). Si los partidos no se ponen de acuerdo, el próximo 26 de julio tendrá el dudoso honor de convertirse en el primero.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de julio de 2007