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La lenta aplicación del Estatuto impacienta al Gobierno catalán

Un año después del referéndum no se han producido traspasos relevantes

Enric Company

Cuando se cumple un año de la aprobación del Estatuto catalán por referéndum, su aplicación es "lenta y compleja", a juicio de los asesores y técnicos de la Generalitat. Durante este periodo se han constituido las tres comisiones Estado-Generalitat, hay cinco grupos de trabajo que estudian varios traspasos de competencias y se ha elaborado o modificado un puñado de leyes autonómicas y estatales para aplicar previsiones estatutarias. Pero hay pocos resultados y en el Gobierno catalán empieza a cundir la impaciencia, cuando no la inquietud.

El desasosiego procede de que entre las muchas medidas adoptadas para desarrollar el Estatuto ninguna ha resuelto los grandes problemas que llevaron a emprender la reforma. Un año después del referéndum, el Estatuto no ha llevado traspasos significativos, como el de las Cercanías de Renfe, por ejemplo, ni se sabe cómo se calcularán las inversiones del Estado previstas en Cataluña. Al mismo tiempo, el Gobierno de la Generalitat comprueba que la inercia de los ministerios sigue siendo la de dictar normas como si el Estatuto no existiera.

Algunos miembros del Gobierno catalán atribuyen esta situación a que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se olvidó del Estatuto en el mismo momento en que su aprobación dejó de ser un problema. Es decir, al día siguiente del referéndum. Sobre esto se ha debatido ya alguna vez en el Parlamento catalán. De momento, todavía no en clave de conflicto, ni de alarma, pero sí con inquietud. Impera todavía el criterio de que aún es pronto para sacar conclusiones, pero el malestar es ya perceptible.

El desarrollo inmediato del Estatuto implica, según las previsiones del Gobierno catalán, la elaboración o reforma de unas 40 leyes autonómicas, de unas 30 estatales y el traspaso a la Generalitat de 40 competencias.

De estas previsiones, algunas ya están en marcha. En el Parlamento catalán se han aprobado o están a punto de serlo leyes como la de la Agencia Tributaria de Cataluña, la del Consejo de Garantías Estatutarias y la del Instituto de Seguridad de Cataluña. En el ámbito del Derecho Civil se está elaborando la ley de sucesiones y la de las personas jurídicas. El Gobierno catalán ha remitido a la Cámara los proyectos de ley del derecho a la vivienda y el de servicios sociales. También se tramita la ley del Memorial Democrático, que es la fórmula adoptada en Cataluña para rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil, y la creación del Instituto Catalán Internacional para la Paz.

En la parte del Estatuto que corresponde desarrollar al Gobierno central se han iniciado las reformas de las leyes del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional para introducir, respectivamente, la creación de los Consejos de Justicia autonómicos, de los fiscales y la participación de las comunidades en la designación de los magistrados del Constitucional.

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Cálculo de inversiones

Durante este año, se han constituido la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y la de Infraestructuras. De sus primeras reuniones han surgido las subcomisiones encargadas de poner en marcha mecanismos de cooperación entre las dos administraciones en numerosos aspectos previstos en el Estatuto. También se ha creado el grupo de trabajo que ha de determinar cómo se calcula el montante de las inversiones del Estado en Cataluña en los presupuestos para 2008 y las ponencias técnicas para una serie de traspasos de servicios.

Los traspasos que se preparan son las becas a la enseñanza, tanto universitaria como no universitaria; las ayudas a empresas y centros de formación y actividades de seguridad privada; funciones y servicios en materia de inmigración; Hospital Clínico de Barcelona; ordenación y gestión del litoral; competencias sobre comunicaciones electrónicas y la inspección de telecomunicaciones; la declaración de utilidad pública de asociaciones; funciones de asignación del ISBN; y la desclasificación como aeropuertos de interés general de los de Girona, Reus y Sabadell. También se ha creado un grupo que estudia las inversiones ferroviarias y el traspaso de los servicios de Cercanías de Renfe.

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