Tres ex presidentes defienden ante el juez el plan de pensiones de Ferrocarrils

Tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat durante la época de CiU justificaron ayer ante el juez la contratación de un plan de pensiones supuestamente ilegal por el que los directivos cobraron abultadas cantidades cuando abandonaron el cargo. Los tres declararon como imputados por falsedad, prevaricación y malversación, y aseguraron que estaban convencidos de la legalidad de su actuación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona se trasladó ayer a la Audiencia de Barcelona para tomar declaración a Albert Vilalta, Enric Roig y Antoni Herce, quienes presidieron, por este orden, la compañía Ferrocarrils de la Generalitat durante la década de 1990.

En síntesis, los tres ex presidentes coincidieron en justificar la idea de ese plan de pensiones como una forma de fidelizar a los directivos y evitar que emigrasen a la empresa privada. A finales de la década de 1980 había mucha demanda de ingenieros especializados en ferrocarriles y ese plan de pensiones sirvió para retenerlos, explicaron de manera más o menos coincidente.

Donde los tres ex presidentes no se pusieron de acuerdo, según explicaron fuentes judiciales, fue a la hora de explicar al juez quién de ellos ideó el plan. Unos y otros se quitaron las pulgas de encima y responsabilizaron a los demás. Sea como fuere, el plan sirvió para que 15 personas se repartiesen 3,2 millones de euros. Todas ellas están acusadas ahora de falsedad, malversación y prevaricación en una querella que presentó la fiscalía.

Vilalta fue el único que no cobró nada, aunque al abandonar la empresa fue consejero de Medio Ambiente con Jordi Pujol y un tiempo después, secretario general de Infraestructuras con José María Aznar. El que más se benefició fue Herce, que percibió 278.391 euros, según el fiscal, aunque otros dos ex directivos que también están imputados se repartieron 457.000 euros (Josep Lluís Portabales) y 289.000 euros (Josep Lluís Arqués).

Los tres ex presidentes de Ferrocarrils declararon también que estaban convencidos de la legalidad del plan de pensiones porque lo avaló un dictamen del bufete de abogados Cuatrecasas. Recordaron igualmente que la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat controlaba este tipo de operaciones y no les advirtió de su ilegalidad. Las mismas fuentes judiciales explicaron que Roig declaró que en todas las compañías existen incentivos económicos como éste y recordó, como ejemplo, el caso de Transportes Metropolitanos de Barcelona. La diferencia entre uno y otro caso, que Roig no explicó al juez, es que en esa empresa el plan de pensiones beneficia a todos los empleados, no sólo a los directivos, y que fue aprobado por los trabajadores, mientras que en Ferrocarrils se escondió al Consejo de Administración.