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Reportaje:

Bebé maltratada, pasividad oficial

La Justicia y la Generalitat de Cataluña se culpan de la segunda agresión a la pequeña Claudia

Año y medio después del caso de la niña Alba, supuestamente maltratada por sus padres, y que sufre secuelas psíquicas irreversibles, la historia se vuelve a repetir: la descoordinación de las instituciones en la tutela de los menores ha vuelto a provocar una nueva situación de violencia reiterada, esta vez sobre una niña de seis meses. La Justicia y la Generalitat de Cataluña se culpan mutuamente de la situación y ambos se acusan de pasividad.

En este caso se trata de una familia de aparente solvencia económica. El padre, Richard R. B., cubano de 23 años, ingresó ayer en prisión acusado de un delito de lesiones. La madre, Aynadis M. T., de 26, también cubana, está en libertad con cargos. La pareja y sus dos hijas, de cuatro y seis meses, viven en un complejo residencial de 174 apartamentos en la turística localidad de Salou (Tarragona), junto a la playa.

Los vecinos explican que nunca habían percibido ningún incidente entre la pareja ni en la relación de ésta con sus hijas. También aseguran que tenían un comportamiento normal y muy educado. Hacía año y medio que vivían en ese apartamento y trabajan los dos de noche, seguramente en el sector nocturno de las discotecas y bares de Salou. Los vecinos también aseguran que hace poco más de mes y medio vieron a la niña pequeña, Claudia, con la pierna escayolada, pero que no sospecharon que el origen podría haber sido un episodio de maltrato. Ocurrió el 24 de abril, cuando el Hospital Joan XXIII de Tarragona remitió al juzgado un parte explicando la fractura del fémur derecho que sufría la pequeña, de entonces cinco meses. La juez tomó declaración a los padres y a la cuidadora y no adoptó ninguna medida.

El segundo episodio de maltrato, el que ha provocado el ingreso del padre en prisión, se produjo el pasado domingo. Todos los indicios apuntan a que el progenitor pudo agredir a la niña, según el auto de prisión dictado por la magistrada María Teresa Vicedo Segura.

A consecuencia de esos hechos, la pequeña sufrió una hemorragia craneal. El padre declaró que ese día estuvo en todo momento en compañía de la pequeña y de su otra hermana, de cuatro años. El hombre explicó que "la niña estaba normal, que la puso en el suelo para que jugara y que otra niña jugaba con ella". También relató que en todo momento estuvo con las pequeñas y que no les perdió de vista. Añadió que la hermana no se echó encima del bebé "en ningún momento", y que cuando iba a darle el biberón la pequeña "empezó a tener convulsiones".

Fuentes judiciales explicaron ayer que la relación afectiva que mantiene la pareja hizo dudar a la juez de la existencia del maltrato. "No se trata del perfil habitual de un maltrator", explicaron las mismas fuentes. Ni al Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat ni a la Justicia le constan antecedentes por malos tratos sobre la hermana mayor. "Un maltratador no pega a una hija sí y a la otra no", añadieron las mismas fuentes.

En un momento de la declaración, la juez preguntó al padre cómo pudieron producirse las lesiones y el hombre respondió que desconocía que la pequeña tuviese ninguna lesión. También negó que se le pudiera haber caído del sofá por accidente, aunque sí añadió que hace tres semanas sí se produjo ese hecho y la pequeña se hizo "un chichón". Sin embargo, la niña no fue atendida en ningún centro médico por esa caída. El padre explicó a la juez que actuó así "para que no le quitaran a la niña".

El progenitor relató que, cuando la niña sufrió convulsiones, la zarandeó para que reaccionase.

La juez razona en el auto de prisión contra el padre que las heridas que sufrió la pequeña "no tienen un origen accidental ni se derivan única y exclusivamente del llamado síndrome del niño sacudido".

El juez rectifica

El hombre había quedado en libertad con cargos por decisión del juez de guardia de Tarragona Francisco José Revuelta Muñoz la tarde del pasado lunes. Ese juez consideró entonces que el hombre no huiría de la justicia, e incluso explicó en su resolución que no debía encarcelarlo aunque fuera cierto el maltrato a su hija de seis meses.

Horas antes, el Hospital Joan XXIII de Tarragona informó al juzgado que el bebé había ingresado con una hemorragia cerebral y que era trasladada al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El padre fue detenido a las pocas horas por los Mossos d'Esquadra.

La pequeña fue intervenida ayer de una fractura en la parte izquierda de la cabeza. El forense informó que el origen de esa lesión es un impacto traumático, y no por una sacudida. Ante ese nuevo dato, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, ordenó el ingreso en prisión del padre de la niña, Richard R. B., a petición de la fiscalía. Se le acusa de un delito de lesiones y la juez explica que le encarcela para que no huya.

El propósito de enmienda no cumplido con el 'caso Alba'

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, defendió con fervor la actuación de la juez encargada del caso. La administración autonómica, por el contrario, explicó que si no había actuado antes había sido por las trabas judiciales.

El caso evidencia que de nada había servido el protocolo que firmaron todas las instituciones catalanas el pasado 13 de septiembre a raíz del caso Alba para aumentar y mejorar la coordinación institucional en los casos de menores maltratados o que sufran abusos sexuales. Ese protocolo se firmó a instancias de Rafael Ribó el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, quien ayer anunció que volverá a reunir a todas las partes implicadas para pedir explicaciones. Alegret, sin embargo, negó paralelismos entre uno y otro caso e incluso negó que hubiera habido descoordinación institucional.

El 27 de abril, tres días después de abrirse las diligencias, la jefa de los servicios territoriales de Tarragona del Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Anna Solé, remitió una carta al juzgado solicitando copia de las actuaciones. La Generalitat argumentaba que hacía ese requerimiento "para hacer un seguimiento de la posible situación de riesgo y/o desamparo de la menor y, por si fuera necesario, adoptar las medidas de protección pertinentes".

La carta llegó el 10 de mayo y la juez respondió el 16 que denegaba la información a la Generalitat porque no estaba personada en la causa en forma legal. "La única institución que ha actuado en este caso ha sido la justicia", proclamó ayer la presidenta del TSJC, adscrita a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Al mismo tiempo, Alegret aprobó la negativa de la juez a dar información a la Generalitat y censuró la actuación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente del Departamento de Acción Social y Ciudadanía. "Podría haber actuado antes, porque estaba facultada para hacerlo y no necesitaba la autorización del juzgado", dijo Alegret.

La DGAIA explicó que las medidas cautelares sólo las puede asumir un juez, informa Ana Pantaleoni. La Generalitat retiró anteayer la guardia y custodia de C. y la de su hermana, de cuatro años. La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, afirmó ayer que "no le temblará el pulso" si se descubre que en este caso se ha actuado con "negligencia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de junio de 2007

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