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Editorial:

Aguas claras

Cumplir con las exigencias europeas para las aguas de los ríos españoles implica construir más de 1.000 depuradoras que costarán 20.000 millones de euros. Según se desprende del Plan Nacional de Calidad de las Aguas aprobado el viernes, parte de la financiación de esa cifra correrá a cargo del Estado, pero otra parte deberá pagarse a través de un encarecimiento del recibo del agua, que algunos cálculos sitúan en el 15%. Está fuera de toda duda que la gestión racional del agua en España, esa que se echa de menos cuando hay sequía, empieza por el cuidado y limpieza de las cuencas fluviales, agotadas hoy por la proliferación de embalses, los vertidos, las construcciones fraudulentas, el talado sin control de árboles y el descuido o desecación de los humedales. Nada más lógico que los consumidores contribuyan a pagar la depuración de los ríos y, de paso, exijan a las autoridades que se vigile el estricto cumplimiento de las normas de limpieza.

La política de depuración conecta con la urgencia de racionalizar el mercado del agua en España. A grandes rasgos, esa racionalización exige que se cumpla el principio de recuperación de los costes de los servicios del agua. Todavía hay ayuntamientos que ingresan por el recibo del agua apenas el 50% de lo que les cuesta depurarla y transportarla. Subir los precios en esos municipios es inevitable e imprescindible. En el caso del consumo agrícola -el 75% del consumo total-, el objetivo sería acabar con la percepción de que el agua para el riego tiene que estar siempre disponible en abundancia a precios relativamente bajos, incluso en periodos de sequía, cuando el consumo de boca tiene prioridad. Los agricultores tendrán que soportar precios más elevados por el agua que utilizan y probablemente tendrán que disponer de periodos de transición para trasladar ese nuevo coste a los precios finales de sus productos.

Poner en pie políticas más racionales para conseguir un mercado ordenado del agua es una iniciativa que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, por más que muchas competencias legales y económicas estén transferidas a las comunidades autónomas o residan en los ayuntamientos. Porque de lo que se trata es de aumentar la coordinación. Poco se ha hecho en este sentido hasta el momento y es de temer que poco se hará en los meses que faltan para que acabe la legislatura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2007