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Reportaje:La ofensiva terrorista

Una ruptura por etapas que no sorprendió en La Moncloa

Tras comprobar que ETA no aceptaba separar el diálogo sobre sus presos y sobre el futuro político, y después del atentado de Barajas, el Ejecutivo contaba con que la banda volvería a las armas

El comunicado de ruptura formal del alto el fuego de ETA no sorprendió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo esperaba el día y la hora de lo que ha sido una ruptura por etapas, señalan fuentes de su entorno. El Gobierno dio por roto el proceso de final dialogado del terrorismo en diciembre y ETA lo formalizó ayer. Lo destacó Zapatero cuando dijo, en su declaración institucional leída en La Moncloa, que la etapa de alto el fuego se "había roto de hecho" con el atentado terrorista cometido en la terminal T4 de Barajas, que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos.

Aquel 30 de diciembre, Zapatero, en una declaración en La Moncloa, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su departamento, dieron por roto el proceso y se suspendió el diálogo abierto con ETA, formalmente, tras la declaración de alto el fuego del 22 de marzo de 2006.

La única esperanza era que Batasuna tuviese una reacción crítica tras el atentado de Barajas

En la anulación de listas, el Ejecutivo distinguió entre Batasuna y la izquierda 'abertzale'

ETA no ha vuelto a atentar en los más de cinco meses transcurridos desde el asesinato de Barajas. Pero la interpretación que hacía del proceso de paz en el comunicado del 9 enero, 10 días después del crimen de Barajas, confirmó a La Moncloa en el pesimismo. ETA denunciaba al Gobierno por poner como tope del proceso la Constitución y la legalidad y abría un compás de espera indefinido sin atentados, a la expectativa, según la banda, de la acción del Ejecutivo.

En estos cinco meses, el Ejecutivo no ha tenido ningún margen de maniobra. Suspendió el diálogo con ETA porque la banda vulneró su compromiso de un cese total de la violencia. El Gabinete se atuvo a la resolución del Congreso de mayo de 2005, que sólo permite el diálogo con ETA si la banda da señales inequívocas de abandonar la violencia. Y ese presupuesto, además de romperse el 30 de diciembre, tenía graves precedentes, como el robo de armas en el sur de Francia a finales de octubre de 2006 y el aumento de la extorsión a empresarios y profesionales.

La única y remota esperanza del Gobierno de que ETA reconsiderase su actitud estaba en una reacción de Batasuna, crítica con la banda, ya que no contemplaba una escisión en ETA. Hubo algunos gestos de líderes significados, como Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, en los días posteriores al atentado de Barajas, pero muy tímidos e insuficientes.

No obstante, el Gobierno, pese a su pesimismo, quiso precisar su posición ante la sociedad y ante el mundo aberzale. El 18 de febrero, en Vitoria, Zapatero aclaró a ETA que era posible recuperar el diálogo que ella había roto si cesaba definitivamente la violencia. Y a Batasuna, que si quería presentarse a las elecciones tenía que cumplir la Ley de Partidos, es decir, rechazar el terrorismo.

A los quince días de su declaración de Vitoria, el 1 de marzo, el Gobierno excarceló al etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde cuatro meses atrás, y lo trasladó al Hospital Donostia de San Sebastián en régimen de prisión atenuada. El entorno de Zapatero asegura que la conducta del Gobierno hubiera sido la misma en cualquier circunstancia. Que la peculiar situación de un alto el fuego, pendiente de que ETA lo rompiera formalmente, no influyó. El Gobierno no quiso dar un tratamiento legal excepcional a De Juana, un preso que ya había cumplido su condena por los asesinatos cometidos como militante etarra y casi dos de los tres años de la pena añadida por amenazas. "El Gobierno no quería que un tratamiento de excepción provocara una reacción violenta en la juventud de la izquierda abertzale", añaden las fuentes consultadas.

El Ejecutivo asegura que esta decisión y la adoptada semanas después -promover la legalización de sólo la mitad de las listas de ANV e ilegalizar todas las relacionadas directamente con Batasuna- no estaban pactadas ni con Batasuna ni con ETA, en contra de la versión del PP. El Gobierno siempre ha sostenido que el diálogo con ETA se rompió el 30 de diciembre y el comunicado de la banda, conocido ayer, lo avala.

El Gobierno tuvo presiones por todas partes. El PSE se inclinaba por que no promoviera la ilegalización de las listas de ANV, mientras otros sectores socialistas defendían lo contrario. Optó por seguir el criterio de la jurisprudencia del Constitucional, que le llevó a establecer un baremo que aplicó a rajatabla: las listas con dirigentes de Batasuna significativos o las que tuvieran más de tres candidatos que hubieran participado en listas de Batasuna quedaban anuladas.

El referente del Ejecutivo al tomar esta decisión no fue ETA. Ya sabía que a la banda le traen sin cuidado las preocupaciones del Gobierno por el cumplimiento de la legalidad. La entrevista a ETA que Gara publicó el 8 de abril confirmaba que no había ninguna posibilidad de retorno. Sin embargo, el Gobierno sí tuvo en cuenta la opinión de la sociedad vasca en la distinción que hizo entre Batasuna e izquierda abertzale.

En todo caso, si la entrevista de Gara era suficientemente explícita para prever qué pasos iba a dar ETA, más aún lo fueron las informaciones que el mismo diario publicó en los días previos a las elecciones sobre supuestos contactos entre el PSE y Batasuna. En La Moncloa entendieron entonces que ETA ya había decidido dar por roto el alto el fuego.

El Ejecutivo tiene claro que ETA ha aprovechado los cinco meses transcurridos desde el atentado del 30 de diciembre para tratar de legitimar ante su entorno su decisión de ruptura del proceso, ya adoptada cuando atentó en Barajas, pues en aquel momento la izquierda abertzale reaccionó negativamente frente al atentado. El Gobierno está convencido que la banda ha esperado a la celebración de las elecciones y a que la mayoría de sus listas fueran eliminadas para buscar pretextos a su decisión de romper el alto el fuego iniciado en marzo de 2006. En sectores socialistas se cree también que ETA pretende boicotear la formación de un Gobierno en Navarra entre el PSN y Nafarroa Bai porque perjudicaría a Batasuna.

El comunicado de ETA se aferra al pretexto de la eliminación de listas para romper. Pero también deja claro, sin eufemismos, que no renunciará a sus objetivos: la independencia y la unidad de los siete territorios: la comunidad vasca, la navarra y el País Vasco francés. Lo apuntó, en su comunicado de agosto del año pasado; lo confirmó en enero y abril, y lo consumó ayer.

ETA cambió las reglas de juego del proceso en julio. No asumió lo que Batasuna planteó en la Asamblea de Anoeta, de noviembre de 2003, y que Zapatero estaba dispuesto a asumir: la separación del proceso de diálogo entre Gobierno y ETA -para alcanzar la paz a cambio de los presos- del proceso político ulterior entre los partidos vascos, incluida Batasuna, para lograr un nuevo consenso sobre el futuro de Euskadi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2007