El futuro de la Universidad y el Estado de las Autonomías
La universidad aparece hoy como una institución fundamental para consolidar la competencia de Europa en la economía del conocimiento, y una pieza básica en el proceso de modernización y convergencia de la sociedad española. Asumiendo ese decisivo papel, nuestras universidades abordan un proceso de transformación profunda alimentado por dos retos ineludibles. Por una parte, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que desarrolla el proceso de convergencia establecido en Bolonia. Se trata de configurar una oferta docente más armonizada y, por tanto, favorecedora de la movilidad en el mercado de trabajo europeo, además de más ágil, eficiente y profesionalizante frente a una realidad laboral cambiante en exigencias y capacidades.
Corresponde a los Gobiernos autónomos validar la oferta de las universidades con un desarrollo equilibrado
Por otro lado, un reto tan crucial como el anterior es la necesaria transformación de la universidad hacia nuevos sistemas de gestión y gobierno de su función investigadora. Un proceso que debe permitir a nuestras universidades afrontar su papel como actor principal en la economía del siglo XXI, materializando la llamada tercera misión de la universidad: gestión y transferencia del conocimiento.
Dos retos estratégicos para el futuro de la universidad y del país que, como muchos en la España actual, deben orientarse en políticas de Estado pero se materializan y sustentan bajo la responsabilidad de los Gobiernos autónomos. El marco político estatal lo establece la Ley Orgánica de Universidades, recientemente reformada, en virtud de la cual, bajo un amplio régimen de autonomía, cada universidad podrá establecer su perfil diferenciado definiendo con amplia libertad de acción su oferta docente y sus estrategias de cooperación y competencia.
Corresponde, sin embargo, a los Gobiernos autónomos validar esta oferta, asegurando su desarrollo equilibrado, pertinente y sostenible. Lo anterior implica definir un marco normativo y financiero que permita hacer viable un sistema universitario socialmente eficiente en el contexto de la comunidad autónoma e integrado de forma competitiva en el ámbito europeo.
También la reforma de la LOU parte de la firme convicción de que la Universidad debe desarrollar una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento, consolidando su papel activo en el proceso de innovación y en el desarrollo económico. Esta misión también se enmarca estratégicamente, en gran medida, además de en la propia LOU, en otra importante política de estado: el Plan Nacional de I+D. El PN de I+D establece las prioridades científicas y tecnológicas del Gobierno, orientando la actividad de los investigadores universitarios. Define además la provisión de grandes infraestructuras, los programas de recursos humanos o la generación de espacios de innovación como los parques científicos. Con ello incentiva el desarrollo y crecimiento del sistema universitario, ya que, no en vano, éste representa el principal recurso científico del país.
De nuevo, corresponde a las CC AA asumir la integración eficiente de esta acción política. Una contribución que debería pasar por proveer a las universidades de las condiciones financieras y organizativas idóneas para desarrollar y consolidar su competencia científica y tecnológica. Una capacidad que les permita competir eficientemente en el marco del PN, al tiempo que participar activamente en el proceso de innovación local, nacional o internacional.
Está a punto de ver la luz el nuevo Plan Nacional 2008-2011, a través del cual el Gobierno español renueva su apuesta por el desarrollo económico basado en el conocimiento. Un Plan que debe dar respuesta al documento de Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) aprobado por la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el pasado 11 de enero.
La ENCYT representa un gran acuerdo en política de ciencia y tecnología, basado en el principio de corresponsabilidad de las decisiones. Asume por tanto que la interrelación entre la Administración General del Estado (AGE) y las CC AA se hace imprescindible para la consolidación de la sociedad del conocimiento, exigiendo una visión integrada de la política de I+D+i en el conjunto de las políticas públicas del Estado para contribuir a la vertebración territorial y a la cohesión social. En este contexto, recordemos que la aportación de las CC AA al gasto público en I+D del Estado representa ya más del 20% y, sin embargo, no resulta aún suficiente para asegurar las responsabilidades que deben asumir las universidades en materia de investigación.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta el escenario actual, debemos saludar con renovadas expectativas la constitución hoy de la Conferencia General de Política Universitaria, un órgano establecido en la reforma de la LOU para la coordinación y cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las CC AA en esta materia. La importancia de esta Conferencia reside en sus funciones de planificación y asesoramiento sobre el desarrollo de las políticas universitarias, su articulación en el EEES, su evaluación y su interrelación con las políticas de investigación. Pero también en sus competencias para planificar consorciadamente la enseñanza universitaria, actuando sobre la conformación equilibrada del sistema universitario español y su financiación.
El desarrollo operativo de este nuevo instrumento, así como el funcionamiento efectivo del Consejo General de la Ciencia y Tecnología, deben permitir a los responsables autonómicos formular y consensuar con la Administración General del Estado una acción política eficaz para dotar a nuestras universidades de las condiciones de gestión, organización y suficiencia financiera que posibiliten abordar los retos referidos. El futuro de la universidad se presenta claro y esperanzador, pero su éxito dependerá, no obstante, de la necesaria sinergia entre el Estado y las Autonomías. Haciendo competentes estos dos órganos -Consejo y Conferencia- avanzaremos seguro en el buen camino, aunque el camino debamos recorrerlo rápido. Treinta años de Estado de las Autonomías quizás no sean muchos para consolidar una administración tan compleja como la nuestra, pero, en el marco de la economía global, si hablamos en términos de formación, competencia científica o capacidad tecnológica, empiezan a ser ya demasiados.
Laura Sánchez Piñón es consejera de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Rogelio Conde-Pumpido es director general de Promoción Científica del Sistema Universitario Gallego.
