"El próximo día 14 de junio", señala la nota de despacho, "se ha convocado, a las 20.00h. en el Centro Pignatelli de Zaragoza, una reunión de familiares de fallecidos en el accidente aéreo de Turquía, con el fin de acordar medidas conjuntas para exigir responsabilidades y efectuar las reclamaciones jurídicas que se consideren procedentes. En la actualidad los familiares cuentan con la asistencia jurídica de los bufetes Martín Chico y Asociados de Madrid y ELAN abogados de Zaragoza".

De esta nota confidencial se hizo una copia, según consta en el sello del margen superior derecho, que fue entregada a MINISDEF; es decir, al ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa.

Cuando se confeccionó esta nota ya estaba en vigor la ley reguladora del CNI, de mayo de 2002, que limita los objetivos informativos del servicio secreto. Ninguno de ellos tiene relación alguna con las actividades de una asociación legal como la creada por familiares de las víctimas del accidente del Yak-42.

Antiguos responsables del CNI aseguran que, si se hizo la nota, fue por "la tremenda conmoción interna" que causó el siniestro y que no hubo ninguna instrucción por parte del Gobierno para investigar a la asociación. "Si la hubiera habido, no se habría aceptado", sostienen.

Ripollés y sus acompañantes

No obstante, la información sobre asistencia jurídica que contenía la nota no cayó en saco roto. Ese mismo día, Defensa remitió a las familias un informe del despacho de Martín Chico que, en ese momento, y en contra del criterio de otros letrados, exoneraba de cualquier responsabilidad en el siniestro al departamento dirigido por Trillo.

De la reunión de Zaragoza salió la Asociación de Familiares de Accidente de Turquía Yak-42 cuyo primer presidente, Carlos Ripollés, se convirtió en la bestia negra del equipo de Defensa.

Una nota del entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, fechada el 23 de marzo de 2004 -tras las elecciones, pero antes del cambio de Gobierno- evidencia cómo se intentó hasta última hora obstaculizar las gestiones de la asociación: "He hablado hoy nuevamente tanto con el cónsul en Estambul como con el embajador en Ankara para evitar que algún cambio de política en Turquía, forzado por la hiperactiva abogada de la Asociación, pueda llevar a que el instituto [Forense] de Estambul termine aceptando la visita de [Carlos] Ripollés y sus acompañantes en contra de todo lo previsto".

La "hiperactiva abogada" era la letrada turca Belkis Baysal, quien consiguió el acta que demostraba que los cadáveres de 30 militares fueron repatriados sin identificar, en contra de lo que repetidamente aseguró Defensa. Gracias a dicha acta, los cuerpos de los militares mal identificados fueron exhumados y entregados a sus familias, mientras que los dos generales enviados por Trillo a Turquía, Juan Antonio Beltrán y Vicente Navarro, fueron imputados por la Audiencia Nacional.

Ya que pudo evitar que las familias obtuvieran el acta forense que demostraba la falsedad de las identificaciones, el equipo de Trillo intentó al menos que se declarase su nulidad, alegando que el sumario estaba declarado secreto. Por último, trató de trasladar la culpa a los forenses turcos, con el argumento de que violaron la ley al entregar los cuerpos a los generales españoles.