Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
Elecciones municipales 27M

Sólo 55 municipios han adaptado su PGOU a la ley del suelo y 29 esperan la aprobación final

Un centenar de ayuntamientos no ha iniciado aún los trámites para revisar el planeamiento

Los ayuntamientos andaluces se han rezagado en adaptar su planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) que entró en vigor en enero de 2003. Pese a que ésta fijaba un plazo de cuatro años para la revisión, en la legislatura municipal que termina sólo 55 municipios se han dotado de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mientras que otros 29 lo han elaborado y aguardan la aprobación definitiva de las respectivas comisiones provinciales de Urbanismo. Entre estos ayuntamientos cumplidores, sólo hay tres costeros (Motril, Almonte y Lepe).

La legislatura municipal que termina estaba llamada a ser la de la reordenación urbanística de los municipios andaluces, pero la realidad es que cuatro años después de la entrada en vigor de la ley el proceso de planeamiento está patas arriba y con no pocos conflictos institucionales abiertos por las medidas de restricción de los crecimientos introducidas por la Junta en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y cuestionadas por organizaciones de promotores y constructores, que las han impugnado en los tribunales, y por muchos ayuntamientos, especialmente del PP. Los municipios que se han dotado de un nuevo PGOU apenas representan el 7% del total.

Una vez aprobada la LOUA, la Consejería de Obras Públicas promulgó una orden en la que establecía un plazo hasta enero de 2007 para que los ayuntamientos adaptaran a ella sus normas urbanísticas. No es que a partir de esa fecha los PGOU no revisados hayan perdido vigencia, pero sí han quedado constreñidos porque los municipios ya no pueden hacerles ninguna modificación ni pueden ejecutar instrumentos concretos para desarrollarlos (planes parciales o especiales) que no hayan sido aprobados antes de enero de este año.

Entre los 55 ayuntamientos que ya tienen nuevo PGOU, sólo hay uno de capital, Sevilla, que lo aprobó en 2003 y lo adaptó sobre la marcha a la ley. Un caso similar es Córdoba, pendiente sólo de algunas adaptaciones puntuales.

Tampoco hay apenas municipios de la costa, la zona donde en principio se presentan mayores conflictos, sólo los de Motril, Lepe y Almonte. Llama la atención que ningún ayuntamiento de Málaga haya elaborado nuevo PGOU (hay cinco a la espera de aprobación definitiva), y sólo uno de Almería, donde hay otros dos pendientes. Granada es la provincia donde más planes se han revisado (19), seguida de Jaén y Huelva (10), Sevilla (7), Córdoba (5) y Cádiz (3).

La mayoría de los planes ya aprobados, 39, corresponden a municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que sólo ocho superan los 20.000.

"Las nuevas corporaciones tendrán que dar un empujón a este proceso de revisión", sostiene un portavoz de la Consejería, que sin entrar a polemizar con los ayuntamientos justifica que aquellos que no han aprobado sus nuevos planes es que entienden que disponen aún de suelo suficiente.

Desde los ayuntamientos sin embargo se hace a la Junta responsable del retraso por los cambios introducidos a la ley, por el retraso en la aprobación de los planes subregionales, a los que deben adaptarse los nuevos PGOU y porque la polémica medida de que éstos no puedan contemplar un crecimiento en población de más del 30% o del 40% del suelo urbanizable no se adoptó hasta hace seis meses.

Algunos alcaldes alegan también que el procedimiento de revisión de un plan es complejo, en el mejor de los casos no baja de los dos años, aunque aproximadamente un centenar no ha emprendido aún ningún trámite para la revisión de los planes.

ALCALDE DE ALGECIRAS: "Buenas medidas para frenar la especulación"

Alcalde de Algeciras y presidente de la comisión de Urbanismo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Tomás Herrera, asegura que en este organismo se ven "con carácter general de forma positiva" las medidas de restricción a los crecimientos introducidas en el POTA que entiende permitirán "frenar la especulación urbanística". Herrera admite que el proceso de revisión de los planes urbanísticos municipales se ha "ralentizado", pero lo evalúa de forma positiva porque al margen de los plazos "dará un cambio a la ordenación urbanística" con crecimientos "lógicos" que satisfagan sobre todo las necesidades de equipamiento y transporte público.

PROMOTORES MÁLAGA: "Hay una gran confusión legislativa"

"La Junta ha introducido una gran confusión legislativa y normativa que resulta muy perjudicial", se queja el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, quien avisa de que si no se clarifican las normas habrá una "grave crisis" económica en el sector de la construcción. Prado lamenta que no se hayan adaptado los planes municipales a la LOUA, las continuas modificaciones introducidas a ésta y que aún no estén terminados los planes subregionales de ordenación territorial. "Necesitamos ya una herramienta que nos dé seguridad jurídica", asegura y reclama a la Junta que deje más autonomía a los ayuntamientos.

SALVEMOS MOJÁCAR: "Son necesarias normas más estrictas"

Jaime del Val, portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, considera que las medidas aprobadas por la Junta son "blandas" y apuesta por normas "más estrictas" para frenar el crecimiento; de forma que no se autorice un crecimiento superior al 10% en una década a aquellos municipios que ya han tenido tal incremento de población. Del Val, que fundó el colectivo Salvemos Doñana que logró parar la construcción del hotel Algarrobico, desconfía de que la Junta haga "vinculantes" sus normas y las aplique sin excepciones, aunque reconoce que no está de acuerdo con imponer un mismo límite a todos los municipios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de mayo de 2007

Más información