Legalización en Marín
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, firmó ayer la orden por la que se inicia la revisión de oficio de las normas subsidiarias urbanísticas de Marín, que permitirá legalizar cinco núcleos del rural del municipio costero pontevedrés.
La Xunta trata así de establecer una solución definitiva para corregir la situación de inseguridad jurídica de las viviendas de los núcleos de Loira, Aguete, A Teoira, Casás y Mogor. Se trata de asentamientos tradicionales anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
Las reclamaciones vecinales proceden de la clasificación como suelo no urbanizable de los citados núcleos de población, a pesar de reunir los requisitos para ser considerados urbanos. De esa manera, las viviendas quedaron afectadas por una servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre de 100 metros, y no por la excepcionalidad de los 20 metros que fija la Ley de Costas para el suelo urbano.
Las gestiones de la Consellería de Política Territorial se enmarcan en la consigna del Gobierno de Emilio Pérez Touriño de no ser recordado como el de la piqueta. El presidente gallego pretende combinar una política inflexible respecto a las nuevas construcciones con la atención a los casos particulares en las órdenes de derribo. En ese contexto, el departamento que dirige Caride se ha puesto a resolver 800 expedientes de demolición por construcciones en la costa, que se fueron acumulando durante los sucesivos gobiernos de Manuel Fraga.
En el caso de Marín, la firma de la orden de Política Territorial es consecuencia del compromiso adquirido por María José Caride para que, en un corto plazo de tiempo, quede resuelto el problema de los núcleos del litoral de forma definitiva. El expediente de revisión lo llevará a cabo la Dirección Xeral de Urbanismo, después de que los responsables de la consellería, los afectados y el Ayuntamiento de Marín realizaran un trabajo de delimitación de los núcleos y para documentar su existencia como asentamientos tradicionales, previa a la Ley de Costas.
Toda la documentación fue trasladada al Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de justificar la existencia de un error de derecho de las Normas Subsidarias, ya que catalogaban como no urbanizable suelo que reunía las características de urbano.
