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Bruselas investiga el supuesto fraude de una ONG vinculada al PP

La Comunidad ha concedido a CIPIE 7 millones de euros desde 2004

La oficina antifraude europea (OLAF) confirmó ayer que mantiene una investigación contra CIPIE, una organización no gubernamental española, por un supuesto fraude financiero. CIPIE ya está investigada, desde hace tres años, por la intervención general del Estado, en relación con la gestión de ayudas públicas. Los socialistas han preguntado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "¿por qué la Comunidad se empeña en mantener subvenciones millonarias a una ONG permanentemente investigada?".

La unidad encargada de combatir el fraude y la corrupción en la Unión Europea no precisó cuándo iniciaron las pesquisas ni en qué consisten exactamente porque "éste es un tema muy sensible en España y queremos estar al margen de la campaña electoral española", explicó un portavoz de la OLAF. Aludía el portavoz a la estrecha vinculación de CIPIE con el partido Popular, al haber sido el presidente de esta fundación, Pablo Izquierdo, jefe de prensa de los populares en tiempos de José María Aznar.

La Fundación Iberoamérica-Europa (CIPIE), de la que fue vicepresidenta entre 1994 y 1996 la actual concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella, y que actualmente preside el ex jefe de prensa de Aznar, se encuentra sujeta a una investigación de la intervención general del Estado desde hace tres años, en relación con la gestión de ayudas públicas destinadas a un proyecto de cooperación humanitaria en El Salvador.

Los trabajadores de CIPIE habían denunciado la manipulación de facturas para justificar el gasto de subvenciones recibidas de Bruselas, según informó la cadena SER. "La investigación administrativa sigue su curso. Por eso, no pueden hacerse públicos detalles sobre el alcance de la investigación y debe respetarse la confidencialidad", reza una nota que la OLAF hizo llegar ayer a este periódico, y en la que también justifica su silencio en el derecho a la presunción de inocencia.

Una vez concluidas las pesquisas, la OLAF puede pedir al Estado miembro implicado, en este caso España, que ponga en marcha las investigaciones judiciales pertinentes. La Comisión Europea, de la que depende la OLAF, puede además pedir la devolución de las subvenciones europeas entregadas a la fundación, en caso de probarse el fraude.

El pasado miércoles, el euro-diputado socialista Carlos Carnero envió una pregunta a la Comisión Europea para que aclare si va tomar cartas en el asunto. "¿Piensa la Comisión Europea interesarse por esas denuncias y adoptar en su caso las medidas pertinentes para esclarecer la adecuada rendición de cuentas por parte de la citada ONG a través de los mecanismos pertinentes en el marco comunitario?", pregunta Carnero.

Carnero sostiene que "de probarse, se trata de un asunto muy serio. Estamos hablando de dinero comunitario relacionado con proyectos de ayuda humanitaria; dinero que el contribuyente entrega con mayor sensibilidad y compromiso". El Ejecutivo comunitario deberá responder en el plazo aproximado de un mes a la pregunta del eurodiputado español.

El diputado regional Francisco Contreras preguntó ayer a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el pleno de la Asamblea: "¿Qué motivos tiene para seguir manteniendo estos acuerdos con CIPIE? ¿Por qué la Comunidad sigue otorgando subvenciones millonarias a una ONG permanentemente investigada?". Contreras señaló que "desde 2004 hasta ahora el Gobierno regional ha concedido siete millones de euros a CIPIE para sus proyectos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de marzo de 2007