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Columna
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Participación

Entre las muchas interpretaciones que se han hecho sobre la triste participación en el referéndum del Estatuto, no conozco ninguna que responsabilice a los ciudadanos. Los nacionalistas andaluces se sienten justificados a la hora de despreciar un Estatuto que no satisface sus exigencias. Los conservadores, por el contrario, aprovechan la oportunidad para insistir en que la renovación y el desarrollo de la España autonómica, encaminada hacia un Estado federal, no es una cuestión decisiva. Son lecturas que aprovechan las abstención no para hacer un análisis de la realidad, sino para consolidar su ideario y sus intereses partidistas. El referéndum andaluz se ha llevado acabo en condiciones difíciles, y no se puede interpretar la pobre participación escudándonos en un motivo único. Ha sido muy humilde el espacio concedido al proceso estatutario en los medios de comunicación de ámbito estatal, fuente de información y movilización de numerosos andaluces. Si se compara con el conflictivo desarrollo del referéndum catalán, la significación política de nuestro 18 de febrero pasó de forma demasiado discreta por los informativos de las radios y las televisiones públicas y privadas. Cuando no hay tormenta, cuando las banderas no sirven para insultar al contrario, cuando los sentimientos propios no se empeñan en desacreditar y desprestigiar a los otros, los medios consideran poco rentable atender a los debates cívicos. La audiencia parece hoy una fiera enjaulada a la que debe alimentarse con carnaza. La dinámica necesita al mismo tiempo animar su entretenida condición de fiera y definir el peligro de sus uñas y sus colmillos, manteniéndolo entre rejas virtuales de cristal duro. El Estatuto no ha ofrecido carnaza porque se presentaba a los votantes después de alcanzar consenso muy amplio. Eso no quiere decir que todos los sectores de la sociedad estuviesen llamados al voto. Hay muchos valores democráticos, como la educación pública laica y los amparos de la economía social, que provocan un íntimo rechazo en las mentalidades conservadoras. Obligado el Partido Popular a llegar al acuerdo por intereses políticos, un sector de su electorado se limitó a no acudir a las urnas, sin mostrar un rechazo sonoro. Una parte de la abstención se ha debido, pues, a la politización del voto ausente. La otra parte, sin embargo, es fruto de la falta de cultura política.

El Estatuto de Andalucía es notable, muy notable, una verdadera apuesta de futuro para la convivencia progresista y la consolidación de los espacios públicos. Más del 60% de los ciudadanos ha preferido quedar al margen del referéndum, sin darse por aludido ante los objetivos y las garantías jurídicas, o sacrificando las ventajas sociales evidentes a detalles ridículos. Creo que se han equivocado los ciudadanos, y perdón si alguien se molesta, pero no estoy dispuesto a asumir la moral consumista de que el cliente siempre tiene razón. Cuando hago hincapié en la irresponsabilidad, muy criticable a mi modo de ver de los ciudadanos, no pretendo suavizar la culpa de los políticos. Quizá se trate de lo contrario, de situar la culpa de los partidos políticos, sobre todo de las opciones de izquierda, más allá de la simple coyuntura de una fecha y una situación concreta. ¿Qué tipo de ciudadanos está generando la sociedad? ¿Qué tipo de electorado cultivan nuestros partidos? La debilidad de la democracia participativa es el verdadero problema, y va más allá del caso andaluz, porque muchos procesos, incluso los que sirven para elegir al presidente del Imperio democrático, descansan en un índice de participación escandalosamente bajo. Los ciudadanos desmovilizados, como las fieras de la audiencia, se acomodan a vivir entretenidas en sus jaulas de cristal. Les basta con que nadie les prive de su carnaza diaria. El descrédito de la política es la enfermedad real. Desde este punto de vista, prefiero asumir los resultados del Estatuto no como un síntoma terminal, sino como un punto de partida, en tiempos difíciles, de dignificación de la política.

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