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Protección de Datos investiga el nuevo sistema informático de los centros de salud

Una empresa que vende información a la industra farmacéutica desarrolla el proyecto

La Agencia Española de Protección de Datos investigará de oficio la actuación de la empresa Stacks, que desarrolla el nuevo sistema informático de los 400 centros de salud de la región. José Luis Piñar Mañas, director de la Agencia, explicó ayer que la investigación "no presupone la existencia de irregularidades" sino que quiere "aclarar si se han respetado los derechos de los pacientes". La investigación se abre tras la venta de Stacks, que tendrá acceso a los datos médicos de seis millones de madrileños, a otra empresa dedicada a la venta de datos médicos a la industria farmacéutica.

Piñar Mañas confirmó que ha ordenado la apertura de la investigación tras el revuelo causado en los últimos días por el desarrollo del nuevo sistema informático, que concentrará en una única base de datos la información actualmente contenida en los servidores, no conectados entre sí, de los 400 centros de salud y consultorios locales que la Consejería de Sanidad gestiona en la región.

La controversia tiene su origen en dos hechos. El primero es que Sanidad convocó y adjudicó -el pasado mes de julio y por 6,3 millones de euros- el desarrollo del sistema mientras ya trabajaba con Stacks en las primeras versiones del mismo.

La segunda controversia, y la que entra en las competencias de la Agencia, es la compra hace dos meses de Stacks por Cedegim, una multinacional francesa dedicada a la venta de datos y estudios médicos a la industria farmacéutica. Stacks, ya una filial de Cedegim, tendrá acceso a los datos personales (nombre, teléfono, dirección...) y médicos (enfermedades, tratamientos, antecedentes familiares...).

Especial protección

"La información sobre la salud de los ciudadanos tiene por ley garantizada una protección especial", explicó Mañas. "Hemos abierto diligencias preliminares ante las noticias publicadas en los últimos días. Ahora queremos aclarar cómo ha actuado la empresa y asegurarnos de que en ningún caso se ha visto afectados los derechos de los ciudadanos. Pero esto no presupende de partida que hayamos detectado ninguna irregularidad". añadió.

La Agencia Española de Protección de Datos tiene entre sus competencias el control de la gestión de los datos personales de los ciudadanos que hagan las empresas o entidades privadas. El control de la actuación de la Comunidad de Madrid recae sobre otra agencia de protección de datos, la de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de este organismo indicaron ayer que su función es "velar para que el contrato firmado por Stacks y Sanidad incluya las cláusulas de confidencialidad exigidas". El candidato socialista a la Comunidad, Rafael Simancas, visitó ayer la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, tras lo que destacó la "apertura de diligencias previas" de este organismo.

Simancas volvió a atacar a la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Manuel Lamela, por la firma de un contrato que considera "fraudulento, ilegal y que pone en peligro los datos más íntimos íntimos de millones de madrileños". En parecidos términos se manifestó el diputado regional del PSOE Eduardo Sánchez Gatell.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró que Cegedim está obligada a trabajar con "garantía de confidencialidad" o de lo contrario "se le exigirán las responsabilidades [penales] pertinentes". González.

En parecidos términos se posiciona un breve informe jurídico elaborado por el PP en la Asamblea de Madrid, que concluye que Cedegim sigue "sometida a los mismos deberes de confidencialidad" que Stacks a la firma del contrato. "No existe problema alguno para que Cedegim, adquiriente de Stacks, pueda tratar los datos provenientes de aquella", concluye el informe. Las declaraciones de González y este informe suponen un cambio de posición en lo mantenido en los primeros días, cuando Sanidad y el PP sostenían que Stacks no tendría acceso a los datos.

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y vicepresidenta de la la ONG Comisión de Libertades e Informática, Carmen Sánchez Carazo, anunció por su parte que la organización estudia llevar el caso ante la Fiscalía de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2007